Declaración de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista

sábado, 3 de julio de 2010 ·

Revolta Global - Esquerra Anticapitalista

Frente la sentencia del Tribunal Constitucional ¡Desobediencia civil y autodeterminación! ¡Por una República Catalana!

Vía estatutaria, final de trayecto: todo el mundo baja. Después de cuatro años moviéndose entre el esperpento y la comedia de enredos, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatuto de autonomía del 2006. Y no por esperada, la bofetada contra las aspiraciones de autogobierno de Catalunya resulta menos indignante.

Que nadie se deje abusar por el discurso de quienes intentan minimizar el alcance de la afrenta, temiendo la crisis institucional y política que puede desencadenar la sentencia. "La mayoría del texto es declarado constitucional, el PP no ha conseguido tumbar el Estatut"... La satisfacción de Rajoy, dispuesto a "pasar página", y el perfil bajo de un PSOE esperando que amaine la tormenta, demuestran que eso no es cierto. Incluso antes de conocer la "letra pequeña" de la sentencia - es decir, el detalle de los preceptos interpretados a la baja -, ya es posible afirmar que los dictámenes de inconstitucionalidad desarbolan literalmente el Estatut. Peor: la resolución abre la vía a lecturas regresivas, que representarían - por ejemplo, en materia de inmersión lingüística – incluso una involución con respecto al Estatut de Sau.

Así pues, el TC cuestiona el uso preferente del catalán en las administraciones públicas y, de hecho, la promoción de la lengua propia como vehículo de cohesión social; rechaza cualquier descentralización en el ámbito judicial, haciendo de la magistratura un terreno vedado; y socava, mediante diferentes impugnaciones y retoques, los mecanismos de financiación y de inversión del Estado a través de los cuales el Estatut pretendía compensar el déficit fiscal de Catalunya. Para rematar la faena y recordarnos quién manda, los miembros del alto tribunal subrayan la nulidad jurídica de cualquier referencia a la idea de una "nación catalana": nación, "lo que se dice nación", sólo hay una, y es España. Lo demás son invocaciones particularistas, por no decir folclóricas, sin ninguna entidad para representar un fundamento de soberanía popular. Justamente porque la afirmación de Catalunya como nación aparecía en un preámbulo sin fuerza normativa alguna, el ensañamiento del TC resulta de lo más significativo: se trata de eliminar cualquier referencia - y en el conjunto del texto cualquier reforma del ordenamiento jurídico - que pudiera coagular la conciencia colectiva de la ciudadanía catalana.

No tiene sentido consolarse, como hace algunos, diciendo que la sentencia todavía hubiese podido ser peor. En primer lugar, porque, al abrir todo un abanico de interpretaciones restrictivas con respecto a las competencias autonómicas, acabará siendo peor de lo que ya sabemos. Pero sobre todo porque ésta sentencia cierra un ciclo. Lo que inicialmente debía suponer un progreso del autogobierno ha terminado en una nueva LOAPA. La primera resultó de las presiones golpistas del ejército; la segunda, del poder de una magistratura con profundas raíces franquistas. La Constitución española de 1978, sellando la transición de la dictadura fascista a una democracia vigilada por los herederos del antiguo régimen, se ha convertido en un código penal para los pueblos ibéricos. Las clases y estamentos que se enriquecieron bajo los gobiernos de Franco han seguido prosperando en los años del neoliberalismo, acotando el desarrollo de la justicia social y las libertades. No es casual que, ahora que se hunde el modelo económico gestado durante este periodo y se atisba un futuro convulso, resurjan con fuerza las tendencias autoritarias que laten desde siempre bajo esta "democracia" coronada.

Una época se acaba

Tampoco tiene sentido reclamar - cómo lo hace el President Montilla y, a su izquierda, ICV-EUiA - que se recomponga el "pacto constitucional", ni que se intente soslayar la sentencia y su impacto devastador sobre toda la obra legislativa del tripartito mediante acuerdos bilaterales entre la Generalitat y el gobierno de Madrid. Las aspiraciones democráticas catalanas han topado con la estructura del Estado español y sus prerrogativas. Y, de todos modos, Zapatero no está por la labor. El aparato del PSOE ha cabalgado mes de una vez los prejuicios anti-catalanes que tantos réditos electorales procuran a la derecha española. Ahora que, bajo la presión de los mercados financieros internacionales, está desplegando una impopular política antisocial, el gobierno busca justamente consensos con esta derecha. Para los barones del PSOE no es tiempo de retórica federalista, sino de acatamiento.

Todo lo contrario de lo que necesitan, en Catalunya como en el resto del Estado, las clases populares. Ahora más que nunca, es necesaria su unidad para hacer frente a la crisis que el capitalismo está descargando sobre sus hombros. Los agravios culturales, lingüísticos, nacionales... minan el entendimiento y la solidaridad entre la gente trabajadora. Humillando al pueblo de Catalunya, pisoteando sus derechos, despreciando su legítimo anhelo de entenderse con los otros pueblos sobre un pie de igualdad, el TC siembra la división. A una lado del Ebro, la sentencia sirve de bandera a la derecha; pero también a un gobierno preocupado por desactivar el frente de la contestación social. En Catalunya, la sentencia permite a la derecha nacionalista recomponer su virginidad, esperando que la legítima indignación de la ciudadanía la catapulte a la Generalitat... donde espera administrar con "realismo" las migajas del autonomismo enclenque y gestionar la frustración impotente de las clases medias. ERC saca pecho independentista de cara a las elecciones; pero con el ojo puesto aquellas alianzas que le garanticen una presencia institucional a la que se ha amoldado desde hace años. (ERC e ICV-EUiA, opuestos en Madrid, al "decretazo" de Zapatero, votaron de forma disciplinada en el Parlament, junto al socio mayoritario de gobierno, la traducción autonómica del ajuste). No, la crisis no es España. I CiU, que de vez en cuando reivindica la soberanía fiscal para Catalunya, es la primera a defender, aquí y allá, un régimen tributario que favorece a las clases acomodadas, la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado del bienestar.

La crisis que vivimos en el ámbito económico, social, ecológico, de género, de civilización... es plenamente la crisis del sistema capitalista. Y, en este marco, la opresión nacional de Catalunya actúa como un poderoso factor de división y como un ariete contra las conquistas sociales de la población trabajadora - menguando su capacidad decisoria, arrebatándole los recursos necesarios... Por eso resulta fundamental que, desde los sectores más politizados del movimiento obrero, desde los movimientos sociales, desde las filas de la izquierda crítica como desde el independentismo de base popular, se empiece a configurar una alternativa, una salida radicalmente democrática y socialmente progresista, a este entrelazamiento de crisis nacionales y sistémicas.

¡A la calle!

En primer lugar, hay que salir masivamente en la calle para reivindicar el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y su soberanía como nación. Revolta Global - Esquerra Anticapitalista llama pues a participar en la manifestación convocada por Òmnium Cultural el próximo 10 de julio. Naturalmente, nuestras motivaciones son muy distintas de las que empujan a CiU o al mismo PSC a sumarse a la marcha. Para estas formaciones, se trata de reconducir la indignación de la ciudadanía hacia un nuevo compromiso con el Estado centralista. Para la izquierda combativa se trata, por el contrario, de contribuir a una ruptura democrática.

No es aceptable una actitud de acatamiento de la resolución del TC "por imperativo legal", por mucho que se pretenda escenificar malestar - o incluso "ausencia de respeto", según las palabras de Jordi Pujol. Por parte del gobierno, Parlamento e instituciones catalanas, es exigible una actitud de desobediencia civil. Cualquier otro comportamiento tan sólo se podría entender como una tentativa de encabezar la protesta de la sociedad catalana hoy… para acabar diluyéndola mañana. En el ámbito de la lucha sindical, los trabajadores y trabajadoras del metro de Madrid, organizando desde la democracia de sus asambleas decisorias una huelga total que desafía el decreto de servicios mínimos, nos dan una lección de dignidad y coherencia: cuando la legalidad se convierte en abuso de los privilegiados, hay que luchar por imponer la legitimidad democrática de la mayoría. No debemos aceptar ser gobernados por decretos contrarios a la voluntad expresa del pueblo de Cataluña.

Durante la segunda República, cuando las Cortes de Madrid aprobaron, recortándola y vaciándola de contenido, la ley catalana sobre la reforma agraria, el Parlament, en un gesto de indignación, volvió a votar el texto original. Ahora, sin embargo, no tiene sentido reivindicar el Estatut del 2006. Ya no se trata de eso. La sentencia del TC significa que las aspiraciones de autogobierno que la representación parlamentaria catalana intentó materializar a través de la reforma estatutaria son incompatibles con el marco de la Constitución española. Las libertades democráticas del pueblo de Catalunya necesitan desbordar este marco asfixiante, heredado de la transición. Ahora, se trata de plantear el camino hacia el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación, con el objetivo de alcanzar una República Catalana.

Como en otras encrucijadas de la Historia, el empuje necesario sólo puede provenir de las clases populares. En estos momentos, el movimiento obrero se encuentra ante el reto de reunir el conjunto de colectivos y sectores sociales golpeados por la crisis en una oposición ciudadana al plan de austeridad del gobierno, a la reforma laboral y al cuestionamiento del régimen de pensiones. He ahí el reto de la huelga general del 29 de septiembre. En Catalunya, el movimiento en defensa de los derechos sociales tiene que entender que éstos son inseparables del avance de las libertades nacionales. Y al revés, los sectores partidarios de estas libertades deben comprender que, o bien la República Catalana surge cargada de anhelos sociales progresistas, o nunca triunfará.

Desde Revolta Global - Esquerra Anticapitalista entendemos que la enseña de la República Catalana, lejos de dar la espalda a los pueblos ibéricos, significa el llamamiento a un entendimiento fraternal, sobre bases de igualdad, soberanía y democracia, que rompa definitivamente con siglos de opresión, de ignorancia y prejuicios. En una palabra, que acabe con esa "España eterna", enemiga de todo progreso, que hoy encuentra a su grotesco paladín en el Tribunal Constitucional.

Con esta reivindicación estaremos en la calle el próximo 10 de julio.

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