Reforma constitucional

miércoles, 24 de agosto de 2011 ·

11-08-23. Noticias de Gipuzkoa. Editorial

La propuesta de limitar en la Constitución el déficit es innecesaria, no influirá en la crisis, es imposición de la economía especulativa, recorta conquistas sociales y democráticas, perjudica a la CAV y hurta el refrendo popular

La propuesta de Zapatero para reformar la Constitución de 1978 con el fin de incluir una garantía de estabilidad presupuestaria y, por tanto, un techo de déficit como supuesta protección a la situación financiera del Estado se antoja más el cumplimiento de una imposición interesada del eje Merkel-Sarkozy y los altavoces neoliberales que un medio efectivo para el objetivo que se persigue en teoría, el control del gasto público. El déficit es un instrumento más político que económico para asegurar prestaciones públicas básicas en el ámbito de la sanidad, la educación, la tercera edad o la dependencia, y vincular ahora esa utilidad a los vaivenes del mercado financiero especulativo supone un paso atrás en las conquistas democráticas y sociales de una política basada en la redistribución de la riqueza y la justicia social. Más aún en comunidades como la CAV o Navarra, con un modelo económico, presupuestario, fiscal y financiero muy alejado de los que lastran a buena parte de las comunidades y al propio Estado español. Otra cosa es la evidente necesidad de legislar un modelo de déficit que impida su utilización populista o innecesaria por simples intereses electorales o partidistas en la gestión de los recursos públicos en las diferentes administraciones. Más excesivo parece aún incluir esa medida en una reforma constitucional -la segunda que se realizaría en 33 años tras las leves modificaciones introducidas para adaptarla al Tratado de Maastricht-, y al menos inoportuno hacerlo a tres meses de unas elecciones generales que prevén un cambio en la estructura y el liderazgo gubernamental sea quien sea el vencedor en las urnas. Es cierto que Zapatero contó ayer con el plácet de Mariano Rajoy, que ya planteó algo similar hace semanas. Pero también que más allá del efectismo político, esa reforma constitucional no influirá en el devenir de la crisis -que algunos expertos vaticinan como una nueva recesión generalizada en 2012-, en los próximos meses ni contribuirá a solucionar los problemas financieros del Estado. Y en tercer lugar llama la atención que la propuesta y su presentación pública con nula intención de debate social que augura una imposición ha sido respondida ya en las redes sociales con una creciente demanda ciudadana -bajo la etiqueta #yoquierovotar-, de ser sometida a refrendo popular, un reto democrático que ni PSOE ni PP parecen dispuestos a aceptar.

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