El súbdito adulado

viernes, 1 de julio de 2011 · 0 comentarios

Los ajustes de la crisis van a ser un estado de excepción permanente. Las decisiones cruciales ya no las toman los ciudadanos ni sus Gobiernos, sino esos agentes económicos transnacionales llamados "los mercados"

Antonio Valdecantos 21/06/2011 (El País)

Hasta la víspera misma del día en que el Gobierno español llevó a cabo, en mayo de 2010, la completa mutación de su política económica y social, era frecuente hallar toda clase de proclamas, y hasta de teorías más o menos ambiciosas, sobre la condición deliberativa, reticular y acéfala de la vigente manera de gobernar y mandar.

El orden democrático ha sido subvertido. Pero se nos pide que hagamos como si no nos diéramos cuenta.

La crisis está sirviendo para extender la lógica del mercado a la totalidad de la vida, sin dejar resquicio.

Nos estábamos acercando a pasos agigantados, decía la propaganda oficial, a una forma política inédita en la que las decisiones no emanarían nunca de un único foco, sino que resultarían de una compleja interacción de agentes e iniciativas, gracias a la cual todos podrían ocupar alguna vez el centro de la escena (aunque por poco tiempo) y nadie sería capaz de monopolizarlo; un modo de gestionar lo público en el que cualquier decisión importante estaría sometida a procedimientos de participación, con preferencia electrónicos, gracias a los cuales los ciudadanos se pronunciarían, con un golpe de tecla y en tiempo real, sobre todos los asuntos de interés. Gozaríamos de una teledemocracia hiperparticipativa que sería el adecuado complemento de un teletrabajo apasionante, y todo ello sin necesidad de salir de casa, salvo para cambiar cosmopolitamente de residencia cada cierto tiempo. A lo anterior había de añadirse la conversión en derecho de cualquier objeto de deseo: que algo fuera comúnmente demandado -o, mejor aún, que perteneciese al programa de algún colectivo identitario- y que no estuviera reconocido como derecho subjetivo era toda una anomalía y un atropello de obligada reparación.

Un juicio político

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Editorial. Noticias de Gipuzkoa

El proceso iniciado en la Audiencia Nacional contra Otegi y otros siete dirigentes de la izquierda abertzale oficial -los navarros Miren Zabaleta y Txelui Moreno entre ellos- acumula contradicciones judiciales y un desfase en el tiempo.

EL juicio en la Audiencia Nacional contra Otegi y otros siete dirigentes de la izquierda abertzale oficial acumula un absurdo judicial y un evidente desfase en el tiempo. Se les acusa de intentar reorganizar Batasuna según los dictados de ETA alrededor de Bateragune, pero en realidad se les detuvo cuando mantenían reuniones políticas públicas y notorias para intentar modificar la estrategia histórica de la izquierda abertzale oficial, desde la compatibilidad con la lucha armada a la exclusividad de las vías pacíficas y democráticas. Esto es, Otegi, Rafa Díez y el resto de los implicados están procesados por hacer política, un derecho democrático fundamental que ampara la Constitución. Más aún, por practicar un diálogo en el ámbito político para terminar con la violencia de ETA, a partir del camino emprendido por la izquierda abertzale en Alsasua y dibujado en su tramo actual en el Acuerdo de Gernika. "Si apostar por vías democráticas y pacíficas es delito, entonces soy culpable", respondió. No fue la única respuesta tajante de Otegi. "Entre nuestras propuestas y las de ETA hay una contradicción evidente", resaltó. Una posición política -la del diálogo para la paz en el ámbito interno de la izquierda abertzale oficial-, que tiene el aval jurídico del Tribunal Supremo, que amparó a Ibarretxe y López en sus conversaciones con dirigentes de Batasuna con ese mismo objetivo. La justicia enjuicia delitos concretos, individuales y tipificados, y no hay una prueba objetiva que avale la pertenencia de Otegi y el resto a ETA, y no parece que la argumentación que ante esa falta de pruebas científicas objetivas alega que están sometido al tutelaje de ETA sea un fundamento jurídico suficiente para vulnerar el derecho fundamental de un ciudadano, gusten poco o nada sus posiciones políticas o ideológicas, a la libertad. Pero también la acusación de organizar un polo soberanista llega fuera de tiempo. Bildu se presentó a las elecciones municipales y forales en la CAV y Navarra y superó los 300.000 votos, luego está políticamente activo al margen de Bateragune y tiene un importante respaldo social. En todo caso, cabe preguntarse cuáles son, una vez que ETA llegue al final del túnel, las posibilidades electorales de ese proyecto y cuente también con un líder consolidado socialmente como cabeza de cartel como Otegi. Quizá sea ese miedo a la democracia lo que impulsa este juicio.

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