Bateragune

lunes, 21 de mayo de 2012 ·

Pedro Ibarra Güell, José Manuel Castells, Xabier Ezeizabarrena y Jon Gurutz Olaskoaga. Profesores de la UPV

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Otegi recuerda, una vez más, que una de las funciones principales de los Altos Tribunales españoles -Tribunal Constitucional y determinadas Salas del Tribunal Supremo- es la de tomar decisiones políticas que impidan procesos y prácticas de autogobierno de las comunidades autónomas; que impidan el ejercicio de determinadas libertades en cuanto las mismas, aunque sea tangencialmente, puedan cuestionar los principios de Orden y Autoridad; que impidan la implantación y el desarrollo de formaciones políticas de izquierda, especialmente si las mismas son nacionalistas no españolas. Sin duda la sentencia del asunto Otegi y sus compañeros constituye una concreta y auténtica exhibición de injusticia asentada en un alarde de incompetencia jurídica. Pero es mucho más evidente que, una vez más, este Tribunal, pretende, con el argumento de una inexistente violencia, impedir o dificultar la presencia política de un líder de una formación política nacionalista vasca por ser "rojo separatista". Y punto. Este tipo de decisiones políticas se corresponden con el proyecto estratégico, la ideología y cultura política de la derecha autoritaria y antisocial, con la derecha contraria a los proyectos políticos nacionalistas periféricos; en suma, con la derecha nacionalista española. No entramos a considerar el grado de dependencia de estos Altos Tribunales del poder ejecutivo. Con la función auto-otorgada o pactada de hecho, hacen su misma política. Se complementan. Son otra fuente de poder en la mencionada estrategia contra la pluralidad vasca. Una poderosa -muy poderosa- fuente de poder que, además, no ha sido elegida por los ciudadanos que la padecen.

El Gobierno Vasco decía recientemente que, en su mayoría, la sociedad vasca no entiende la sentencia de Otegi. Ni la sociedad vasca, ni la mayoría de los seres humanos pueden entender que se condene a la cárcel a una persona, acusándole de ser miembro de una organización violenta, cuando la actividad por la que se le juzga consiste, precisamente, en poner en marcha un proceso político marcado por la separación de esa violencia. Como, dicho sea de paso, tampoco se entiende que el Ministro del Interior diga que no hablarán con ETA hasta que se disuelva. Ya nos gustaría que el Sr. Fernández nos explicase cómo se dialoga con alguien en estado gaseoso o inexistente. Solo parecen posibles estas conversaciones en un plano muy místico. Quizás podría ser esta la propuesta de Interior dadas las acendradas convicciones religiosas de su ministro.

Pero bueno, a lo nuestro. No solo la sociedad no lo entiende. Además, está cabreada. Y está segura de que tal decisión no es una casualidad, sino que obedece al talante y a las convicciones antinacionalistas provenientes de la más rancia derecha española. La mayoría de la sociedad vasca desearía que tales tribunales desapareciesen o al menos nos dejasen en paz. Porque nuestras convicciones, valores y proyectos de convivencia política son diametralmente opuestos a los que nos pretenden imponer esos tribunales.

Lo que sigue es una propuesta razonable. El Gobierno Vasco debería hacer una declaración institucional en la que afirmase no reconocer la legitimidad de los citados tribunales. Al Gobierno Vasco le consta que, de forma casi permanente, las decisiones de esos tribunales vulneran derechos individuales y colectivos de la comunidad vasca, impiden el desarrollo de su autogobierno -o recortan el logrado-, impiden y castigan el ejercicio pacífico de determinadas opciones políticas. Toman decisiones que se enmarcan en un sistema de valores y creencias relativos a la convivencia social, económica y política, contrarios a los mayoritariamente sentidos y deseados por la sociedad vasca.

Por tanto, es razonable que manifestemos nuestra distancia real con tales tribunales. Que se olviden de nuestro país. Que se abstengan de dictar resoluciones judiciales carentes de rigor y de garantías jurídicas. Que sería deseable contar con una jurisdicción realmente garantista con los derechos fundamentales de todos.


Ciertamente tal declaración de desconexión política parcial, tiene solo -aunque muy relevante- valor simbólico, porque esos Altos Tribunales seguirán tomando decisiones y exigiendo a los gobiernos, incluido el vasco, que las acaten.

El Gobierno Vasco acaba de rechazar distintos recortes sociales del Gobierno de Rajoy. En cierto modo es un rechazo más radical y más operativo que el que proponemos. En el primer caso el Gobierno Vasco puede en la práctica no aplicar los recortes del PP y, además, niega legitimidad al Gobierno Central que, aunque con muy escaso entusiasmo en el País Vasco, al fin y al cabo mantiene una cierta representatividad, y surge de un proceso electoral.

En el caso del no reconocimiento del Poder Judicial, el Gobierno Vasco no va poder sacar a Otegi de la cárcel y además rechaza a unas instituciones jurisdiccionales (perdón, político/judiciales) que no han sido elegidas por sus ciudadanos del País Vasco.

Últimamente se le ve al Gobierno Vasco con ganas de plantarle cara al Gobierno Central; apunta maneras desobedientes. Pues estaría muy bien que siguiese en esa onda, reclamando para el País Vasco un poder judicial propio. Algo del todo necesario, especialmente en materia de protección de los derechos fundamentales.

Algunos -siempre con la mosca detrás de la oreja- dirán que el no reconocimiento es el primer paso de una cadena. Del no reconocimiento a la desobediencia civil, y de ahí a la desconexión plena; que el no reconocimiento llevaría inevitablemente a la independencia. No decimos que no. Pero en cualquier caso es otra historia

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