Relatos que sustentan el sumario y la función del Derecho

miércoles, 16 de octubre de 2013 ·

Macrojuicio por el sumario 35/02

Ramón Zallo

A Sabin Arana, in memoriam

Ramón Zallo, intervención en la Jornada de análisis del Sumario 35/02 en el Bizkaia Aretoa de la UPV- EHU.

Cualquier sociedad democrática requiere no solo unos valores morales y jurídicos reconocidos constitucionalmente, sino también el impulso de las élites y de las fuerzas vivas para mantenerlos inspirando cada actuación. En otro caso, valores como democracia, pluralismo, libertad ideológica, garantías procesales… se van erosionando en el camino del mal uso del Derecho subordinado a finalidades políticas.

1. La función del Derecho

El precio de la Transición amnésica lo seguimos pagando con la lectura formalista del Derecho que, en lugar de ser paraguas de amparo y orgullo de la sociedad, se convierte en herramienta de aquellas élites que ocupan poderes y marginan, ya sean sectores sociales, ya sean corrientes políticas, sometiendo a la colectividad entera a sus intereses y puntos de vista.

Cuando terminaba la carrera de Derecho a finales de los 60 los que éramos de izquierda seguíamos con interés la llamada Doctrina del Uso Alternativo del Derecho, de origen en la Italia de PCI, y que apuntaba una salida a un dilema clásico. Mientras el Derecho era siempre expresión de un momento normativo del pasado e iba siempre detrás de la realidad, las sociedades en permanente proceso de cambio –en aquella época el impulso era de democratización e igualación social- requieren que el Derecho no solo no obstaculice esas mutaciones en dirección a valores de progreso sino que, podía y debía coadyuvar al mismo.

Para ello se debían poner en primer plano: el valor de protección de la ciudadanía por delante del articulado literal; el espíritu de la ley como norma de convivencia por encima de la forma; el mandato social de justicia por delante del protocolo de un aparato de Estado.

La seguridad jurídica se vinculaba, desde luego, al principio de legalidad -de la ley cierta, de la individualización de la pena y el tasado estricto de los hechos punibles más que de las conductas- pero también a la primigenia idea de justicia y desarrollo social. Se trataba de no distanciar la justicia respecto a la evolución social y de preparar, en el tiempo, nuevos cambios cuya competencia reside en el legislador. Algo de esto ha ocurrido con la actitud de una parte de la magistratura con los desahucios, negándose a la mera aplicación de una ley injusta y forzando un cambio legal.

Nótese que el concepto “alternativo” se remite, en el lenguaje sociológico y político, a movimientos sociales de nuevo cuño, sensibilidades nuevas frente a viejos u ocultos problemas (sexismo, medio ambiente, participación..) ….

Hace tiempo que ya no está de moda esa doctrina. Además se ha producido una involución doctrinal en beneficio de una lectura formalista del Derecho y de la función de disciplina cuando no de amedrentamiento social, en un auténtico Uso Reaccionario del Derecho; y, en la parte más progresista, se ha producido el atrincheramiento en los principios de legalidad, constitucionalidad, carga de la prueba, proporcionalidad y seguridad jurídica.

Siendo necesaria la aplicación de la ley para vivir en sociedad, en la actualidad la pena se ha configurado solo como disuasora social, bajo una lógica que, en demasiadas ocasiones, oculta una lógica puramente vindicativa y de ostracismo social, ajenas a la reinserción y a la reparación.

Para el caso de delitos de intencionalidad política el riesgo es máximo porque se sustancian también espacios políticos de las elites. Y si en unos casos –corrupción, abusos de poder, terrorismo…- hay valores a proteger indistintamente de quien los cometa, en otros, con la extensión de la tipificación delictiva a corrientes políticas enteras, se entra en una zona de uso partidista del Derecho, habida cuenta que las judicaturas tampoco son ajenas a una sacralización del Estado y a las ideologías que la sustentan.

Para decirlo todo, también es verdad que, en algunos momentos de la Historia, cuando el Derecho consagra conquistas sociales largamente trabajadas, y luego hay involuciones políticas termidorianas, la letra de la ley es una salvaguarda.

Ya lo decía el sabio clérigo Lacordaire en el XIX: “Entre los fuertes y los débiles la libertad es la que oprime y la ley la que libera”. Y lleva razón en esas etapas históricas. Pero apostillaría que compatibilizar libertad y ley es lo que definiría a una justicia permanentemente basada en la convivencia y la solidaridad.

2. La cuestión del tiempo judicial

Es importante esta cuestión del tiempo en el Sumario 35/02 que se juzga en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuya vista oral se inicia el 17 de octubre de 2013. Se enjuicia a un grupo de cuarenta personas entre quienes se encuentran buena parte de quienes fueron dirigentes abertzales así como a responsables -taskeros- de las Herriko Tabernak, proveedores y gestoría. Solo faltan en el banquillo los clientes y txikiteros, pero debía ser mucho lío hacerlo. Se piden penas de prisión entre 8 y 12 años.

Es importante la idea del tiempo en tres sentidos: por el tiempo transcurrido cuando se inició el sumario (11 años); por la situación jurídica de los encausados en la época; y por la extemporánea presencia de un proceso en un tiempo político radicalmente distinto al de inicios de la década pasada.

En el primer sentido, ni qué decir tiene que son 11 años de indefensión, señalamiento, congelación de cuentas, limitación de movimientos, fianzas millonarias…. Ya es una pena adelantada sobre un juicio no realizado y que podría terminar en absolución, en una situación completamente ajena a cualquier idea de justicia, y que está basada en un Derecho Penal del Enemigo, o sea en una causa general contra el pluralismo, en este caso contra toda una corriente social tenida por enemiga por el Estado. O sea, no es un proceso en el que se sustancien bienes jurídicos, sino en el que se saldan cuentas políticas.

En el segundo sentido, es importante también la cuestión del tiempo porque, en aquella época, aun eran legales las estructuras de las que se habla. Ello implica que la atribución de delito por pertenecer a ellas vulnera el principio de irretroactividad. Y más, cuando unos meses después -27/3/2003- se ilegalizaron los partidos políticos de la Izquierda Abertzale oficial por aplicación de la entonces reciente Ley Orgánica de Partidos Políticos y no trajo consigo actuaciones penales contra sus miembros.

En el tercer sentido, hay un desfase radical entre las épocas políticas de la instrucción y del juicio.

Hay que recordar que se empezó a incoar en 2002, en un tiempo político negro que era otro tiempo social: la economía de las burbujas múltiples iba viento en popa; gobernaba el Aznar más duro; ETA mataba a cinco personas en 2002; el Estado no estaba en crisis; se abrieron procesos de ilegalización de todas las estructuras de la Izquierda Abertzale histórica; unos meses después, en febrero de 2003, se cerraba Egunkaria y ocho años después, en la sentencia, el Juez Bermúdez criticaba duramente una instrucción sustentada solo en informes policiales carentes de imparcialidad y objetividad.

Ah! Y oficiaba de juez estrella Baltasar Garzón, fabricante de la teoría de “Todo es ETA”, el elixir que pacificaría Euskal Herria, y que Mayor Oreja utilizó para criminalizar a todos los nacionalismos como actores, inductores, colaboradores, cómplices o, simplemente, culpables de silencio. O sea, por no pensar como el PP y que llevó incluso a Ibarretxe y López a los juzgados.

En el principio el Verbo se hizo Garzón quien, mientras fue útil, encandiló a los aparatos de Estado con su silogismo de parvulario que venía a decir que “si ETA es de Izquierda Abertzale; toda la Izquierda Abertzale es ETA; y toda actividad abertzale es actividad al servicio de ETA”.

Un hallazgo de un juez (progresista en otras áreas) y que sirvió para cargar la munición involucionista del Estado, mientras el insigne exmagistrado miraba para otro lado, sin investigar, cuando las cuerdas de detenidos que denunciaban torturas pasaban por su despacho.

A Garzón le pasa como a las personas mayores. Quiere recuperar la memoria lejana del franquismo –¡bienvenida sea!- pero es amnésico respecto al tiempo más reciente en el que fue nefasto protagonista. ¡Un lavado de cara en el túnel del tiempo!

Pero hoy estamos en 2013. En otro tiempo radicalmente distinto. Sortu está legalizada; Bildu es parlamentaria como segunda fuerza del Parlamento Vasco; es la Izquierda Abertzale oficial la que ha forzado el cese definitivo de la lucha armada de ETA poniéndole a las puertas de su disolución, mientras Otegi está en la cárcel como castigo por liderar ese proceso; la economía esta en crisis total; hay crisis de régimen en varios planos como son la institución monárquica, el desafío catalán al estado centralista y el desapego ciudadano respecto a los partidos mayoritarios y a un Estado del Medioestar que camina hacia el Estado del Malestar; es notorio el descrédito de las elites financieras y políticas.

En Euskal Herria hay un deseo social casi unánime de pasar página, eso sí, como decía el escritor Sánchez Ostiz, después de haberla escrito y de mirarnos en el espejo, porque ya ha habido demasiadas amnesias.

Dejando aparte las jurisdicciones penal, civil y contenciosa para temas comunes, y que operan con profesionalidad, se ha llegado a un descrédito social de esa parte del Sistema Judicial que, en base a su designación orgánica por cuotas partidistas, se funcionaliza respecto a las estrategias políticas, en una doble vía de politización de la justicia y de judicialización de la política.

No olvidemos que una democracia de baja calidad por fuerza genera un sistema judicial problemático con la separación de poderes. Así nos encontramos con un Tribunal Constitucional que ya cercenó el Estatut catalán y tiene como presidente a un militante durmiente del PP; o una Audiencia Nacional como tribunal extraordinario que, salvo excepciones, aun sigue la doctrina Garzón y, desde luego, ejecuta la doctrina Parot; o tribunales que permiten que Galindo, reo de graves asesinatos, salga de la cárcel a los cuatro años, los mismos que lleva Otegi por opinar; o que la fiscalía del Estado haya animado procesos como el de Egunkaria, Zumalabe, Herrira, o este mismo de Herriko Tabernak. Casi siempre, todo queda en nada, pero el mal ya se hizo con la instrucción.

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