“Austeritarismo” de la UE vs. derecho de los pueblos a decidir su presente-futuro

sábado, 30 de noviembre de 2013 ·

Jaime Pastor

La reciente reprimenda de la Comisión Europea (CE) al gobierno español, en la que exige que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado para proceder a un “ajuste adicional” de entre 35.000 y 27.500 millones de euros con el fin de cumplir los objetivos del déficit público y del pago de la deuda, ha venido a recordarnos de nuevo que la situación que estamos viviendo desde la “reforma exprés” del artículo 135 de la Constitución es de creciente excepción y desdemocratización acelerada en el conjunto de la eurozona, aunque se perciba con mayor dramatismo en los países del Sur.

En efecto, aunque el ministro de Economía y exdirectivo de Lehman Brothers, Luis de Guindos, ha querido dar una versión blanda de esa llamada de atención, no cabe engañarse. Detrás de ella está el Pacto Fiscal suscrito por los gobiernos de la eurozona en 2012, el cual obliga, entre otras cosas, a “promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto común” siguiendo estrictamente la llamada “regla de oro” del cumplimiento del tope del déficit y del pago de la deuda como prioridad.

Se trata, por tanto, de adaptarse a un acuerdo suscrito por todos los gobiernos de los Estados que forman parte de la eurozona, asumiendo a su vez que la Troika (FMI, BCE, CE) se encarga de hacerlos cumplir. Con su firma aceptaban el salto adelante hacia un “keynesianismo privado” /1, o sea, a una nueva versión del “ordoliberalismo” germánico, hegemónico dentro de la UE, mediante la cual se consuma el “acomodo” creciente que se ha ido dando durante la larga onda neoliberal entre Estados, mercados y grandes corporaciones transnacionales (con la consiguiente corrupción sistémica que la ha acompañado) en ambos lados del Atlántico y que se quiere reflejar en el nuevo Tratado entre EE UU y la UE, únicamente perturbado por la salida a la luz pública del espionaje del “Gran Hermano” a sus aliados europeos. Ahora, ante la quiebra sufrida por el propio sistema financiero en el que aquellas corporaciones crecieron y de la que están queriendo salir mediante la conversión definitiva de la etapa de los Estados del Bienestar en una “anomalía” en la historia del capitalismo, el objetivo común es, más que nunca, estar en las mejores condiciones posibles para competir por la hegemonía en el marco de una nueva fase de acumulación capitalista y de transición geoeconómica y geopolítica mundial, cada vez más incompatible con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

Se cierra así la relativa asociación que se había dado entre capitalismo y “gobierno representativo” (que no “democracia” en su sentido original y plebeyo) en la parte más rica del planeta para entrar en una nueva época en la que se va configurando un “nuevo orden oligárquico”, apoyado en un autoritarismo tecnocrático y firmemente decidido a descalificar a los adversarios de los partidos sistémicos como “populistas” en su peor sentido peyorativo, buscando así situar en el mismo plano los desafíos que surgen desde abajo y a la izquierda junto con los procedentes de la extrema derecha xenófoba /2. Es, por tanto, a una soberanía compartida por la triada gobiernos-mercados-corporaciones a la que nos estamos confrontando, con mayores dificultades si cabe en las “periferias” (la del Este y la del Sur) de la eurozona a medida que el “sueño europeo” se ha ido convirtiendo en una pesadilla permanente para las mayorías sociales.

En esas condiciones, ¿qué sentido tiene que el mismo gobierno que muestra su estrecha asociación con el poder financiero transnacional en sus políticas cotidianas del “Gran Saqueo”, haga a su vez profesión de fe en el artículo 1, punto 2 de la Constitución española, según el cual “ la soberanía nacional reside en el pueblo español”, y diga que “con la soberanía nacional no se juega”? Simplemente, pretende explotar los sentimientos nacionales españoles no para desafiar a la cleptocracia global sino para negarse a reconocer el derecho a decidir su futuro por una mayoría de la población residente en Catalunya. La hipocresía de un gobierno y un partido que están expropiando hacia arriba esa “soberanía nacional” y, en cambio, se resisten a ceder a una Comunidad Autónoma la competencia para convocar un referéndum sobre la relación que desea mantener con el Estado español, una vez comprobado el rechazo sufrido por la vía de la reforma estatutaria, debería llevar a la ciudadanía del resto del Estado a no engañarse sobre quiénes son los “separadores” y los verdaderos enemigos de la democracia y de la soberanía de los pueblos.

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