Caminos para la ruptura Democrática

domingo, 28 de septiembre de 2014 ·

Entrevista a Gerardo Pisarello sobre Procesos Constituyentes

[El Procés Constituent -el movimiento sociopolítico que propugna la apertura de un proceso constituyente en Catalunya- acogió los pasados 19 y 20 de julio en Barcelona el V Congreso Internacional del Poder Constituyente. Acudieron ponentes de muy diversos países, desde Chile hasta Islandia, desde Grecia hasta EE UU, para exponer sus puntos de vista sobre la necesidad de un cambio de régimen, no solo político, sino también económico y social, frente al poder cada vez más concentrado en manos de una exigua minoría de grandes capitalistas y explicar sus experiencias recientes en este terreno. Publicamos a continuación la ponencia de Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional, vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y miembro del Procés Constituent.]

Hace algunos años hubiera sido imposible hablar de ello. Pero la consigna ha regresado. No porque su materialización sea inminente, sino porque aparece como una vía sensata, razonable, de defensa ciudadana frente a una agresión sin precedentes a los derechos, a las libertades básicas y a la dignidad de las mayorías. Vuelve a hablarse, sí, de procesos constituyentes. De ruptura democrática. Como en los inicios de las dos repúblicas españolas, la de 1873 y la de 1931. Como en el momento álgido de la oposición antifranquista. Como en América Latina y como en Islandia, hace unos años. Y vuelve a hablarse porque aunque la agresión es cada vez mayor, también la credibilidad de los agresores se agrieta. El 15-M, la PAH, las mareas ciudadanas, fueron un primer aviso. Los resultados de las recientes elecciones europeas, el último. Los poderes constituidos tradicionales están en crisis y nuevos contrapoderes constituyentes, populares y plurales, se abren paso.

Ciertamente, un proceso constituyente indica un camino. Que puede ser corto o largo. Pero que exige replantear las reglas de juego. Reconfigurar las relaciones de poder, los derechos de la población y los espacios en los que ésta debe poder decidir. Por eso todo proceso constituyente implica un proceso destituyente. Un desplazamiento, a través de la presión social o electoral, de las estructuras de poder existentes y su reemplazo por otras nuevas.

Un proceso constituyente no es una simple reforma constitucional. No se limita al cambio de dos o tres preceptos de la Constitución vigente a través de los procedimientos previstos en ella. Supone una ruptura jurídica. Esa ruptura jurídica, eventualmente, podría comenzar por una reforma constitucional. Pero debería tratarse de una reforma que permitiera una ruptura democrática. Que permitiera, de hecho, lo que la Constitución de 1978 no permite: la convocatoria, a instancias de la ciudadanía, del Gobierno o del Parlamento, de una Asamblea encargada de redactar una nueva Constitución y de abrir canales genuinos de participación ciudadana a lo largo de todo el proceso.

Es verdad que para democratizar las relaciones de poder, para remover privilegios, no siempre hace falta una nueva Constitución. A veces basta con que la Constitución existente sea cumplida. Así lo creen por ejemplo, muchas portuguesas y portugueses que hoy se manifiestan contra la Troika y que denuncian la estafa que están padeciendo. No piden una nueva Constitución. Piden respeto por los mandatos sociales y democráticos de la Constitución de 1976. Pero Portugal es Portugal. Su Constitución, a pesar de todas las agresiones sufridas, es hija de la Revolución de los Claveles. De la Grândola Vila Morena que todavía hoy resuena en las calles lusitanas en cada manifestación de rebeldía popular.

No es el caso del Reino de España. La Constitución de la Transición nació en un contexto muy diferente. Recogió la huella de la oposición anti-franquista, de las movilizaciones y huelgas de la época, pero también la resistencia, a veces feroz, de los sectores vinculados al Antiguo Régimen. Las Cortes de 1977-1978 fueron constituyentes gracias a la presión desde abajo, pero lo que aprobaron fue un texto controlado y vigilado desde arriba.

Gracias a la presión social, ese texto recogió algunos elementos avanzados en materia de derechos, como la libertad ideológica, ciertos derechos laborales y sindicales o el habeas corpus. Sin embargo, junto a estas luces se impusieron numerosas sombras antidemocráticas. En materia electoral, por ejemplo, se recogieron principios que favorecían a las fuerzas menos proclives al cambio. Los mecanismos de participación ciudadana directa como los referendos o las iniciativas legislativas populares fueron consagrados de manera restrictiva. Los grandes poderes fácticos obtuvieron un protagonismo decisivo. La obsesión por la "indisoluble unidad de la nación española" fue una imposición de Capitanía General y la Iglesia Católica y la Corona obtuvieron un anacrónico estatuto de privilegio.

Se incorporó, ciertamente, un largo catálogo de derechos sociales, pero la mayoría fue a parar a un capítulo específico, separado del resto de derechos fundamentales, que debilitó su efectividad. Esa distinción –forzada básicamente por la UCD de Suárez- instaló entre jueces y abogados la idea de que el derecho a la vivienda o a la salud eran derechos de segunda, que no podían exigirse ante los tribunales.

Algo similar pasó con la filosofía económica que inspiraba la Constitución. El texto de 1978 no era, una vez más, la avanzada Constitución portuguesa de 1976. Pero estableció que el Estado tenía que ser un Estado social, que no se podían tolerar los ejercicios abusivos del derecho de propiedad, que los servicios esenciales podían reservarse al sector público y que todas las formas de riqueza debían estar subordinadas al interés general. Lo que la mano izquierda escribía con entusiasmo, sin embargo, la derecha lo matizaba. El artículo 38 dejó claro que el Estado podía ser todo lo social que quisiera, pero que debía respetar "la libertad de empresa" en el marco de "una economía de mercado". Al igual que pasó con los derechos sociales, muchos de los mandatos económicos más democratizadores fueron relegados a un Título aparte. Esto permitió que los sectores más conservadores no se sintieran intimidados. El diputado de Alianza Popular, Licinio de la Fuente, de hecho, se dio el lujo de presentar una enmienda para pedir que los trabajadores pudieran acceder "a la propiedad de los medios de producción".

LEER MÁS; http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182999

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