Caminos para la ruptura Democrática

domingo, 28 de septiembre de 2014 · 0 comentarios

Entrevista a Gerardo Pisarello sobre Procesos Constituyentes

[El Procés Constituent -el movimiento sociopolítico que propugna la apertura de un proceso constituyente en Catalunya- acogió los pasados 19 y 20 de julio en Barcelona el V Congreso Internacional del Poder Constituyente. Acudieron ponentes de muy diversos países, desde Chile hasta Islandia, desde Grecia hasta EE UU, para exponer sus puntos de vista sobre la necesidad de un cambio de régimen, no solo político, sino también económico y social, frente al poder cada vez más concentrado en manos de una exigua minoría de grandes capitalistas y explicar sus experiencias recientes en este terreno. Publicamos a continuación la ponencia de Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional, vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y miembro del Procés Constituent.]

Hace algunos años hubiera sido imposible hablar de ello. Pero la consigna ha regresado. No porque su materialización sea inminente, sino porque aparece como una vía sensata, razonable, de defensa ciudadana frente a una agresión sin precedentes a los derechos, a las libertades básicas y a la dignidad de las mayorías. Vuelve a hablarse, sí, de procesos constituyentes. De ruptura democrática. Como en los inicios de las dos repúblicas españolas, la de 1873 y la de 1931. Como en el momento álgido de la oposición antifranquista. Como en América Latina y como en Islandia, hace unos años. Y vuelve a hablarse porque aunque la agresión es cada vez mayor, también la credibilidad de los agresores se agrieta. El 15-M, la PAH, las mareas ciudadanas, fueron un primer aviso. Los resultados de las recientes elecciones europeas, el último. Los poderes constituidos tradicionales están en crisis y nuevos contrapoderes constituyentes, populares y plurales, se abren paso.

Ciertamente, un proceso constituyente indica un camino. Que puede ser corto o largo. Pero que exige replantear las reglas de juego. Reconfigurar las relaciones de poder, los derechos de la población y los espacios en los que ésta debe poder decidir. Por eso todo proceso constituyente implica un proceso destituyente. Un desplazamiento, a través de la presión social o electoral, de las estructuras de poder existentes y su reemplazo por otras nuevas.

Un proceso constituyente no es una simple reforma constitucional. No se limita al cambio de dos o tres preceptos de la Constitución vigente a través de los procedimientos previstos en ella. Supone una ruptura jurídica. Esa ruptura jurídica, eventualmente, podría comenzar por una reforma constitucional. Pero debería tratarse de una reforma que permitiera una ruptura democrática. Que permitiera, de hecho, lo que la Constitución de 1978 no permite: la convocatoria, a instancias de la ciudadanía, del Gobierno o del Parlamento, de una Asamblea encargada de redactar una nueva Constitución y de abrir canales genuinos de participación ciudadana a lo largo de todo el proceso.

Es verdad que para democratizar las relaciones de poder, para remover privilegios, no siempre hace falta una nueva Constitución. A veces basta con que la Constitución existente sea cumplida. Así lo creen por ejemplo, muchas portuguesas y portugueses que hoy se manifiestan contra la Troika y que denuncian la estafa que están padeciendo. No piden una nueva Constitución. Piden respeto por los mandatos sociales y democráticos de la Constitución de 1976. Pero Portugal es Portugal. Su Constitución, a pesar de todas las agresiones sufridas, es hija de la Revolución de los Claveles. De la Grândola Vila Morena que todavía hoy resuena en las calles lusitanas en cada manifestación de rebeldía popular.

No es el caso del Reino de España. La Constitución de la Transición nació en un contexto muy diferente. Recogió la huella de la oposición anti-franquista, de las movilizaciones y huelgas de la época, pero también la resistencia, a veces feroz, de los sectores vinculados al Antiguo Régimen. Las Cortes de 1977-1978 fueron constituyentes gracias a la presión desde abajo, pero lo que aprobaron fue un texto controlado y vigilado desde arriba.

Gracias a la presión social, ese texto recogió algunos elementos avanzados en materia de derechos, como la libertad ideológica, ciertos derechos laborales y sindicales o el habeas corpus. Sin embargo, junto a estas luces se impusieron numerosas sombras antidemocráticas. En materia electoral, por ejemplo, se recogieron principios que favorecían a las fuerzas menos proclives al cambio. Los mecanismos de participación ciudadana directa como los referendos o las iniciativas legislativas populares fueron consagrados de manera restrictiva. Los grandes poderes fácticos obtuvieron un protagonismo decisivo. La obsesión por la "indisoluble unidad de la nación española" fue una imposición de Capitanía General y la Iglesia Católica y la Corona obtuvieron un anacrónico estatuto de privilegio.

Se incorporó, ciertamente, un largo catálogo de derechos sociales, pero la mayoría fue a parar a un capítulo específico, separado del resto de derechos fundamentales, que debilitó su efectividad. Esa distinción –forzada básicamente por la UCD de Suárez- instaló entre jueces y abogados la idea de que el derecho a la vivienda o a la salud eran derechos de segunda, que no podían exigirse ante los tribunales.

Algo similar pasó con la filosofía económica que inspiraba la Constitución. El texto de 1978 no era, una vez más, la avanzada Constitución portuguesa de 1976. Pero estableció que el Estado tenía que ser un Estado social, que no se podían tolerar los ejercicios abusivos del derecho de propiedad, que los servicios esenciales podían reservarse al sector público y que todas las formas de riqueza debían estar subordinadas al interés general. Lo que la mano izquierda escribía con entusiasmo, sin embargo, la derecha lo matizaba. El artículo 38 dejó claro que el Estado podía ser todo lo social que quisiera, pero que debía respetar "la libertad de empresa" en el marco de "una economía de mercado". Al igual que pasó con los derechos sociales, muchos de los mandatos económicos más democratizadores fueron relegados a un Título aparte. Esto permitió que los sectores más conservadores no se sintieran intimidados. El diputado de Alianza Popular, Licinio de la Fuente, de hecho, se dio el lujo de presentar una enmienda para pedir que los trabajadores pudieran acceder "a la propiedad de los medios de producción".

LEER MÁS; http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182999

Las milicianas kurdas plantan cara al yihadismo

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David Meseguer. Gara

El Estado de Irak y el Levante concibe a la mujer como un ser débil y puramente decorativo. Sólo recurre a ella para tener sexo, explica a Gara Farida Abdo desde la comisaría de Afrin con un humeante vaso de té en la mano. “Las mujeres tenemos aptitudes y la mejor manera de demostrarlo es combatiendo a los yihadistas para hacer que se sientan inferiores”, remarca esta agente de policía.

Desde que se inició el conflicto sirio en marzo de 2011, las mujeres kurdas están llevando a cabo una doble lucha por el reconocimiento de su pueblo y la reivindicación del rol femenino en un Oriente Próximo marcadamente patriarcal. Siguiendo la tesis de Abdullah Öcalan, el Movimiento Democrático Popular de Kurdistán Oeste (TEV-DEM) –organismo paraguas de las diferentes organizaciones afines al PKK– apuesta por la activa participación de la mujer en la esfera político-militar y por un coliderazgo en los diferentes organismos.

“Debemos abandonar el ámbito doméstico y asumir un rol activo en la autonomía democrática que se está gestando en Rojava. Es un momento histórico y la mujer debe estar presente en él”, destaca Rokan Ahmad, máxima dirigente del TEV-DEM en Afrin, ciudad de mayoría kurda del norte de la provincia de Alepo. La otra gran preocupación de Rokan es la grave amenaza que supone el avance yihadista en las zonas de Siria bajo control rebelde y que desde el pasado junio libran una guerra sin cuartel contra la milicia kurda.

Discriminación de la mujer
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), el Frente al-Nosra y el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS por sus siglas en inglés) están imponiendo “normas estrictas y discriminatorias para las mujeres” en las zonas bajo su control. La sharia, la estricta ley islámica, impuesta por estos grupos vinculados a Al Qaeda obliga a las féminas a llevar velo y abaya, una prenda de ropa ancha que cubre todo el cuerpo hasta los pies.

La organización de derechos humanos denuncia que las restricciones de estos grupos de corte yihadista afectan a la vida cotidiana de las mujeres y las niñas limitando su capacidad de recibir una educación y de mantener a sus familias. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Londres y decenas de activistas sobre el terreno, confirman “casos de detenciones de mujeres por razones políticas, por formar parte de organizaciones civiles y por manifestarse”.

“Estos combatientes extremistas practican la Yihad al-Nikah (yihad sexual) que les permite tener y disfrutar de sexo durante la batalla”, alerta Rokan. Testimonios provenientes de las zonas controladas por el ISIS denuncian el rapto y la violación de mujeres para satisfacer los caprichos sexuales de los emires, señores de la guerra principalmente extranjeros.

Akhin, máxima responsable de la Policía kurda en Afrin, cuenta cómo el Frente al-Nosra la detuvo durante ochos horas en un checkpoint cuando regresaba de Damasco. “No me tocaron porque iba totalmente tapada. Si llegan a saber quién soy me hubieran ejecutado allí mismo”, recuerda esta joven regresada hace poco de Qandil.

En primera línea de fuego
La ofensiva que los grupos yihadistas mantienen sobre las regiones de mayoría kurda del norte de Siria ha provocado una gran movilización entre la población y muchas mujeres se han alistado en la Policía y en las Unidades de Protección Kurdas (YPG). Desde marzo de 2013, ambos cuerpos tienen su propia sección femenina con una gran autonomía respecto la estructura central. “Gran parte de nuestro trabajo lo realizamos de forma conjunta con los hombres. Sí que actuamos de forma independiente cuando hay que investigar casos en los que están implicadas mujeres”, indica Akhin. Ahora la cuota femenina en la estructura militar es del 35%, pero los mandos apuntan que el objetivo es acercarse al 50%.

En el frente de Basufane se visualiza la gran incorporación de mujeres a la sección femenina de la milicia kurda (YPJ). Allí, decenas de mujeres se parapetan en las trincheras y bunkers que se encuentran a tan solo 300 metros de las posiciones del ISIS. “Nuestro enemigo quiere imponer la servidumbre de la mujer. Como rechazamos esta idea estamos aquí para combatirles”, asegura Sakine mientras limpia su fusil AK-47. Como ella, centenares de jóvenes cercanas a los 20 años de edad, se han alistado a las YPJ dejando atrás estudios y trabajo, y pasando largas temporadas en el frente sin ver a sus familias.

“Los milicianos del ISIS nos temen incluso más que a los hombres porque, según sus creencias, si mueren en combate abatidos por una mujer no alcanzarán el paraíso”, explica Zilan desde su garita de vigilancia. Una versión que ratifica Abdullrahman, miembro del comité negociador que en ocasiones ha mantenido reuniones con los yihadistas para intercambiar cuerpos, prisioneros y gestionar treguas. “Los emires del ISIS nos suplican que retiremos a las mujeres del frente porque para ellos es una deshonra morir en sus manos”, señala Abdullrahman.


Roksen murió precisamente en Basufane el pasado octubre en duros enfrentamientos con el ISIS cuando cubría la retirada de sus compañeras. Abdullrahman fue quien recuperó su cuerpo prácticamente irreconocible. “A la madre le explicamos que su hija se inmoló con una granada antes de ser detenida. Pero lo cierto es que los extremistas lanzaron su cadáver a los perros y lo desfiguraron completamente”, denuncia este miembro de la delegación negociadora. Para Badiaa Waqqas, madre de Roksen, “la sangre de mi hija ha contribuido para que los kurdos podamos tener una autonomía en Siria. Lástima que ella muriese poco antes de ver este anhelo hecho realidad”, lamenta.

Ha perdido el Sí, el derecho a decidir se consolida

domingo, 21 de septiembre de 2014 · 0 comentarios

Marti Caussa

REFERENDUM EN ESCOCIA

El referéndum por la independencia de Escocia ha dado un resultado claro: el No ha ganado por un 53,3% frente a un 44,7 % del Sí, con un 84,59 % de participación; 2.000.926 votos por el No, frente a 1.617.989 por el Sí. Escocia no será un país independiente porque así lo han decidido libremente sus ciudadanas y ciudadanos. Ha sido una derrota para las personas de Escocia que querían la independencia. Pero la convocatoria del referéndum y la forma como se ha desarrollado ha sido una victoria para las gentes que, en Escocia y todo el mundo, luchamos por el reconocimiento del derecho de las naciones a decidir libremente su futuro; para todos los que queremos una democracia plena, que debe incluir necesariamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por eso estamos agradecidos a todo el pueblo escocés, tanto a los que han votado sí como a los que han votado no, por su altísima participación y por la lección que han dado al mundo de que los conflictos nacionales se pueden dirimir por métodos democráticos, con la misma normalidad con que se discute y se toman decisiones sobre otros problemas.

El ejemplo escocés habrá servido para mostrar claramente una serie de cuestiones importantes.

Estado y nación no son la misma cosa. Hay muchos estados plurinacionales y muchas naciones sin Estado. La posibilidad de nacimiento de nuevos estados independientes no es una reliquia del siglo XIX, sino que corresponde a deseos actuales, incluso en el corazón de la vieja Europa.

Las reivindicaciones nacionales y el derecho de autodeterminación de los pueblos no son estratagemas de la burguesía para dividir a las clases populares, aunque en ocasiones se puedan utilizar para eso. Son reivindicaciones que, cuando una nación se siente oprimida, son transversales a toda la sociedad, incluidas las clases populares, cosa que ha sido particularmente evidente en Escocia.

Quienes han decidido sobre la independencia han sido todas las personas de Escocia, no las del conjunto del Reino Unido, por más que lleven más de trescientos años formando parte del mismo Estado. Y lo que vale para Escocia debe valer para otras naciones.

Votar sobre la independencia es una acción democrática tan legítima, tan normal, que puede ser aceptada incluso por una reina tan conservadora como Isabel II y por un gobierno tan reaccionario como el de Cameron.

Votar a favor o contra la separación ni estimula conflictos étnicos, ni separa a las familias, ni compromete la convivencia. Resolver los problemas por métodos democráticos es mucho más saludable para la convivencia que negar su existencia o intentar ahogar su expresión por métodos autoritarios.

La normalidad democrática del referéndum escocés sirve también para poner de relieve el carácter excepcional de la democracia tutelada del Estado español. La normalidad democrática consistiría en que algunas de las cosas que han sucedido en Gran Bretaña y Escocia pudieran repetirse en España y Catalunya. Por ejemplo, que Felipe VI declarara que la independencia de Catalunya es un asunto que deben decidir los catalanes; que ningún alto mando militar se permitiera opinar contra el referéndum y, menos aún, amenazar en caso del triunfo del Sí; que Rajoy permitiera la consulta y que recorriera Catalunya exponiendo sus razones para el No-No, o que para evitar el triunfo del Sí-Sí hiciera promesas de mayor autonomía (el pacto fiscal o permitir la normalización del catalán, por ejemplo); que Pedro Sánchez y otros dirigentes del PSOE acudieran a Catalunya a debatir respetuosamente con partidarios de la independencia; etc.

Eso es lo que debería suceder si la democracia española estuviera normalizada, sin la excepcionalidad que le confieren las incrustaciones franquistas pactadas durante la Transición y sin la selección que operan en el ADN de la mayoría de la casta dirigente. Ejemplos de estas incrustaciones son los párrafos de nuestra Constitución que hablan de “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2) o que las Fuerzas Armadas tienen como misión “defender su integridad territorial” (artículo 8). Y esta herencia franquista es la que se esgrime para negar el derecho del pueblo catalán a votar, incluso en una consulta sin carácter vinculante.

En los próximos días y semanas esta excepcionalidad española se va a hacer más evidente, porque el contraste entre la normalidad democrática del referéndum escocés y los acontecimientos españoles será muy intenso. ¿Por qué lo que es normal en Escocia y el Reino Unido no puede ser normal en Catalunya y España? ¿Por qué Escocia puede ejercer libre libremente su derecho a decidir y a Catalunya se le niega? Entonces quizá mucha más gente entienda que la cuestión de fondo que se está dirimiendo no es la independencia, sino la democracia. Que los cientos de miles de manifestantes que en toda España gritaban“Le llaman democracia y no lo es” tenían razón, y que el derecho a decidir es una cuestión de democracia. Si esto llega a suceder, será en buena parte mérito del pueblo de Escocia, que no ha ganado la independencia pero ha instalado el derecho a decidir en la agenda política.

Después de Escocia, Catalunya?

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Esther Vivas 

Escocia ya ha votado, ¿Catalunya lo va a hacer? El parlamento catalán ha aprobado este viernes la ley de consultas que así lo permite. Un 78,5% de la cámara le ha dado su apoyo. Y lo que es más importante: un millón 800 mil personas lo exigieron el pasado 11 de septiembre en una masiva movilización en la capital catalana.

Sin embargo, el Reino Unido no es España, ni David Cameron es Mariano Rajoy. No lo digo porque tenga una especial simpatía por el “Imperio británico” ni por su primer ministro, más bien al contrario, no olvidemos el pasado opresor y colonial del Imperio y la política de recortes de los conservadores. Pero sí que estos días hemos visto que en algunos países hay una democracia de primera y en otros una de segunda. Y la democracia española, visto lo visto, está a años luz de jugar la Champions.

Aunque esto tampoco nos tendría que sorprender. El mismo presidente y su partido que no permite el derecho a los catalanes a votar es el que no quiere tampoco manifestaciones frente al Congreso de los Diputados. A algunos el derecho a decidir, ya sea de los pueblos o de las personas, les da miedo, mucho miedo. Su partido acólito, aquel que se viste de renovación para que todo cambie sin que nada cambie, esto del “derecho de los pueblos” también le pone nervioso, en la línea del nerviosismo que gasta con aquellos que ocupan calles y plazas, ya lo vimos con el Sr. Zapatero y el 15M.

Apelan a la legalidad de la Constitución, pero ¿qué Constitución? ¿Aquella que garantiza el derecho a la vivienda, pero desahucia a miles de familias mientras agacha la cabeza ante la banca? ¿La que se aprobó en una Transición tutelada por los militares? Se llenan la boca de legalidad, pero ¿qué legalidad? ¿Aquella que permite que miles de personas sean estafadas con total impunidad con las preferentes? Si el movimiento de los indignados nos enseñó algo es que ante la “legalidad” de unos pocos prevalece la legitimidad de los muchos.

Ocupar una vivienda vacía en manos de la banca es ilegal, sin embargo es del todo legítimo tener un techo bajo el cual vivir y acostarse, y más aún cuando esta misma banca es la que te ha echado de tu propia casa y endeudado de por vida. Que un pueblo pueda votar tal vez sea ilegal, así lo han anunciado por todo lo alto estos días el Sr. Rajoy y sus secuaces, que lo han dejado todo atado y bien atado para ilegalizar la Consulta, pero un pueblo tiene derecho a decidir libremente su futuro.

Defender el derecho del pueblo catalán a votar y defender la Consulta no es defender ni el Gobierno de CiU ni el de aquellos que señalan que Madrid nos roba. En Catalunya, como bien ha demostrado el Caso Pujol, tenemos los ladrones en casa. Y esto, a pesar de lo que digan algunos, no hace sino reforzar el proceso soberanista, porque señala claramente cuál es la antítesis del país que queremos. Más que nunca, las aspiraciones sociales se unen con las nacionales, unas y otras son inseparables, y es imprescindible fortalecer este vínculo.

Queremos votar porqué es nuestro derecho como pueblo y queremos votar para intentar construir un país mejor. Conseguirlo, no será fácil. Pero, el debate sobre el derecho a decidir y la independencia abren la puerta a intentarlo. No olvidemos que la crisis de régimen se da en un contexto de crisis política, económica y social, que permite intuir lo imposible como posible. Si el 9 de noviembre pierde Rajoy y la Consulta se celebra, no solo gana el pueblo catalán, ganan también todos los ciudadanos del Estado español contrarios a un gobierno autoritario y a su política de recortes.

Después de Escocia, ¿le llega el turno a Catalunya? Así, muchos lo esperamos. Y anhelamos contar con el apoyo de las “hermanas y hermanos” del resto del Estado. Con aquellos que más allá del Ebro quieren también otro país y otra democracia. La solidaridad de los de abajo frente al autoritarismo de los de arriba.

11-S y 9-N: el momento de la verdad

martes, 9 de septiembre de 2014 · 0 comentarios

Josep Maria Antentas

No hay duda. Se acerca el momento de la verdad. Pero ¿cuál? Las próximos meses valdrán por años. Para bien o para mal pueden marcar una aceleración y un punto de inflexión irreversible hacia la ruptura del marco institucional creado en 1978, o pueden representar el hundimiento épico del proceso iniciado en 2012, dejando tras de sí un legado de cinismo y frustración sin parangón.

Los primeros compases del guión de las semanas venideras parecen claros. Tras la movilización del 11-S el Gobierno de Mas aprobará la Ley de Consultas y a partir de ahí éste firmará el decreto de convocatoria de la consulta, que previsiblemente será suspendida por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí caben dos vías. Mantener hasta el final un pulso desobediente democrático que sólo daría alas al proceso soberanista y desgastaría al Estado, o dar marcha atrás. Y en esta segunda opción a su vez existen varias posibilidades, desde la búsqueda de otras vías a corto plazo para permitir el ejercicio democrático del derecho a decidir, hasta intentos de dilatar sine díe el proceso.

Acatar al Tribunal Constitucional, como todo apunta que es la voluntad de Mas a pesar de su grandilocuencia gestual, sería un error estratégico de primer orden. Un muy mal síntoma. Defender la consulta sí o sí debe ser el primer paso de esta partida. Desobedecer una prohibición injustificable e inexplicable fuera del Estado español, pero también ante una parte considerable de la opinión pública española es el principal reto de las fuerzas democráticas catalanas. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y quienes encabezan al movimiento independentista deberían apostar claramente por esta vía y no aceptar la política de planes B de incierto contenido. Ante la evidencia de que no es así, son las fuerzas de izquierda quienes deben convertirse en los principales valedores de la consulta. En el momento de la verdad no debe quedar duda de quien apuesta hasta al final por el derecho a decidir.

¿Unidad? ¿Qué unidad?
En esta situación será clave en los próximos meses mantener un bloque unitario lo más amplio posible entre los partidarios de la consulta. Una unidad, sin embargo, que no puede ir a remolque del Gobierno de Mas, sino que debe mantener una firme presión sobre el mismo y una pretensión de desbordarlo. No hay que dejar ningún resquicio para un retirada, o para posponer por enésima vez el momento culminante y retardar los plazos de un proceso que no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo si no quiere perder fuelle. La unidad para defender la consulta no debe confundirse con el mantra de la unidad patriótica que reduce todas las contradicciones sociales a la cuestión nacional y sirve para desactivar la resistencia a las políticas de austeridad. El escándalo Pujol debería ser el toque de atención definitivo para todos aquellos que todavía defienden esta política con buena intención. Los problemas están en casa, no sólo al otro lado del Ebro.

La justificación de una estrategia independentista desconectada de las reivindicaciones sociales se basa en el argumento de que primero hay que avanzar todos juntos por la independencia, para no dividirnos y debilitarnos, y después ya discutiremos qué tipo de Catalunya queremos. Hay varios puntos débiles en esta argumentación. Primero, la unidad en favor del ejercicio del derecho a decidir no es incompatible en que cada cual defienda su modelo de país. Segundo, un independentismo sin contenido social se muestra incapaz de conectar con una parte importante de la sociedad catalana de origen popular y trabajador menos identificada con el catalanismo. Tercero, hoy, aquí y ahora ya hay un modelo de país y quienes mandan lo van definiendo día a día, a base de recortes, despidos y desahucios. Ya existe una Catalunya, la del poder financiero, su Catalunya. ¿Por qué hay que posponer la defensa de nuestra Catalunya? ¿Por qué quienes queremos una Catalunya sin recortes, desahucios y despidos tenemos que posponer nuestras propuestas? ¿Acaso no habría que pedir lo mismo a quienes recortan, desahucian y despiden? ¿No tocaría entonces pedir que recortes, despidos y desahucios se pospongan también en favor de la unidad de todos? No hay duda: despedir, desahuciar y recortar divide a la sociedad catalana. Pero beneficia a algunos, y esto es lo que al final cuenta. Y, en cuarto y último lugar, nunca hay que olvidar que en un proceso de transición quien lo controla determina lo que viene después, y que tras el mismo las relaciones de fuerza entre actores sociales no son nunca iguales. Las concesiones y desmovilizaciones de hoy nunca se recuperan en el mañana.

La subordinación de las demandas sociales y las transformaciones socioeconómicas a las reivindicaciones políticas tienen una larga tradición de fracasos en la trayectoria de los movimientos populares de todo tipo. La historia está llena de revoluciones por etapas en las que tras la democrática la etapa social nunca llegó y se perdió en el espacio-tiempo de las ilusiones rotas. No hay que ir tampoco muy lejos: paradójicamente el discurso de “primero la independencia y luego lo demás” se asemeja asombrosamente al argumento de “primero la democracia y luego los derechos sociales” propio de la Transición y que sirvió para justificar renuncias y concesiones que nunca se recobrarían. En política las promesas para el futuro no existen, son tan ilusorias como fugaces. Aprovechar el momento oportuno, la coyuntura adecuada es la base para cualquier movimiento reivindicativo. Lo que no se consigue hoy nadie puede garantizarlo para más adelante. Pero dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, no lo olvidemos…

La unidad nacional, además, lejos de ser una política coyuntural, acaba por convertirse en una estrategia permanente en la que una vez dentro no hay salida a la vista. Si ahora se acepta el argumento de “primero la independencia y luego lo demás”, luego tocaría aceptar, en la hipótesis de una Catalunya independiente, la austeridad impuesta por la Unión Europea. “Tranquilos, hay que hacer sacrificios para que la Troika nos reconozca, pero más adelante ya recuperaremos los derechos perdidos”, sería entonces el argumento. Siempre hay una buena excusa para posponer las políticas redistributivas y las ampliaciones de derechos.

La paradoja de la situación es que, aunque en las grandes movilizaciones del 11-S de 2012, 2013 y la de este año se separe explícitamente la reivindicación nacional de la social, ésta última está presente de forma latente. Quienes piden la independencia lo hacen en su mayoría porque piensan que ésta será sinónimo de más democracia y más igualdad. Ahí está la base, precisamente, para tirar del hilo en favor de un proceso constituyente desde abajo y participativo que, recordémoslo, no está en ninguna agenda oficial.

Hay, bajo el proceso independentista, un doble conflicto entrecruzado. El primero, en la superficie, el choque institucional entre el aparato estatal y el Gobierno catalán. Un segundo, más profundo, entre la política de la calle, de la participación y la democracia real, y la política desde arriba. Este último contrapone abiertamente al movimiento popular catalán contra Rajoy, pero también lo contrapone soterradamente a quienes desde Catalunya quieren gestionar, en el mejor de los casos, el derecho a decidir desde arriba y por cauces controlados, como un mero acto puntual, sin lógica constituyente y democratizadora. Existe una doble razón de Estado a impugnar, la del Estado español realmente existente y la del Estado catalán inexistente. Ambas tienen potencial anestesiante. Combatirlas requiere enfrentarse abiertamente a la primera, sin dejarse instrumentalizar por la segunda.

Crisis política y reconfiguraciones
Bajo el impacto combinado de las políticas de austeridad y el proceso independentista, el sistema tradicional de partidos catalán se ha autodestruido. Su dos grandes pilares, CiU y PSC, han entrado en crisis. El segundo, sin credibilidad alguna ni en el eje social ni en el nacional, se desliza por una pendiente de no retorno cuyo destino final se llama PASOK. La primera, aunque en mejor posición, sufre un desgaste imparable, porque la austeridad le pasa factura y por su credibilidad relativa respecto al proceso soberanista.

A diferencia del sistema de partidos del Estado español, donde PP y PSOE están en caída, pero todavía no han sido sobrepasados por ninguna fuerza emergente aunque ya sienten el aliento de Podemos tras de sí, la crisis de CiU y PSC es más profunda y han perdido el liderazgo político-electoral. Pero, debido a la centralidad del debate sobre la cuestión nacional, quien se beneficia de la crisis política es una fuerza, ERC, que encarna un proyecto de ruptura en lo nacional pero continuista en lo económico, y no una fuerza antiausteridad como Syriza en Grecia o Podemos en el Estado español. Ésta es la gran paradoja de la crisis política catalana.

En este escenario resulta imprescindible articular una amplia alternativa política soberanista y contraria a la austeridad. La propuesta que viene defendiendo el Procés Constituent de Arcadi Oliveres y Teresa Forcades desde abril de 2012 es, ahora mismo, más necesaria que nunca. Ante el declive de CiU y PSC y el ascenso de ERC, se echa en falta un nuevo actor que pueda convertirse en un puntal de la política catalana y que encarne la crítica a las políticas de austeridad y a la política tradicional que estalló el 15-M de 2011. Ni ICV-EUiA, ni Podem, ni la CUP ni el propio Procés Constituent, por su cuenta, tienen la fuerza para convertirse por sí mismos en una alternativa que pueda desestabilizar por la izquierda a la política catalana. Momento entonces de plantearse fórmulas de confluencia y trabajo conjunto. Pero atención, un nuevo actor de este tipo no podrá ser sólo una suma de siglas, sino que requiere a la vez convergencias de gentes no organizadas y de organizaciones existentes. Y, aún más importante, sólo tendrá sentido si encarna una ruptura neta con la política tradicional y la cultura institucional que tanto daño ha hecho a la izquierda desde la Transición hasta ahora. Sin duda, lo nuevo y lo rupturista debe prevalecer en cualquier futuro bloque y propuesta de confluencia.

Sólo si es posible articular un nuevo instrumento político así, la crisis del sistema político catalán tradicional se habrá completado y habrá dejado paso a un nuevo sistema de partidos. Sería un desastre que tras los restos de CiU y PSC no hubiera ninguna fuerza con peso social, electoral e institucional con un proyecto de país que no pase por la obediencia al mundo financiero y a la Troika, y que la nueva hegemonía de ERC se viera facilitada e incontestada por una izquierda fragmentada en múltiples opciones sin vocación mayoritaria. Por primera vez en décadas, quienes queremos no sólo un cambio político, sino también un cambio de modelo económico y social tenemos posibilidad de jugar un papel relevante en la política catalana. Algo que no sucede a menudo. Algo inimaginable hace tres años. Algo que todavía cuesta creerse. Dejar pasar este tipo de oportunidades tiene a la larga un precio colectivo mucho más alto que los aparentes sacrificios y dificultades a corto plazo para fraguar confluencias.

Dentro y fuera
La consulta del 9-N dista mucho de ser un affaire simplemente catalán. Contrariamente a lo que el sentido común mayoritario del independentismo catalán cree, lo que pase fuera de Catalunya es determinante. Sin aliados fuera, el ejercicio del derecho a decidir es mucho más complejo y la presión hacia la unidad con los patriotas que tienen dinero en Andorrra es mucho más fuerte. Y, al revés, contrariamente a lo que piensa buena parte de la izquierda española, el proceso independentista catalán, lejos de ser un molesto incordio, un marrón del que se prefiere no hablar, es, bien aprovechado, una fabulosa oportunidad para asestar un golpe certero al maltrecho buque de la Transición. Una ocasión única para abrir una vía de agua definitiva al Hispanic. Conviene repetirlo una y otra vez: quienes quieren impedir el derecho al pueblo catalán a votar el día 9-N son los mismos que no han dejado al pueblo español escoger entra monarquía o república, los mismos que han recortado sanidad y educación, amparado a los bancos frente a las familias, y que se tapan entre sí los casos de corrupción. Aunque lamentablemente no esté explícitamente formulado y comprendido, hay muchos puntos de interés común entre buena parte de quienes piden la independencia de Catalunya y quienes se oponen al bipartidismo del PP-PSOE y a sus políticas. Si Rajoy (y el PSOE de Pedro Sánchez) pierde el pulso catalán, su autoridad en todo el Estado quedará debilitada. La sensación de naufragio será generalizada.

Es precisamente de esta doble comprensión estratégica, en Catalunya y fuera de Catalunya, de donde debe nacer el germen de una voluntad de libre convivencia y vecindad y de alianza entre pueblos soberanos frente al poder financiero doméstico e internacional. Inversamente a las pasiones al uso, no hay que enfocar la cuestión nacional desde un punto de vista identitario o emotivo, sino democrático y estratégico. Ahí está la clave para no perderse por el camino, equivocarse de amigos y adversarios, errar en las prioridades y hacer el juego a quienes quieren que nada cambie o a quienes quieren que todo cambie para que todo siga igual.

Nadie sabe qué pasaría si hubiera un choque frontal entre las instituciones del Estado español y las catalanas. Nadie vislumbra con claridad el resultado de una colisión frontal. Pero de una sacudida así nada bueno puede acontecer para el maltrecho régimen actual, y muchas posibilidades pueden abrirse para las fuerzas democráticas y antiausteridad de todo el Estado, a condición que sepan leer el momento y no dejen la iniciativa a los que luchan para mantener contra viento y marea un marco político e institucional que se tambalea.

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