Catalunya. Podemos y el derecho a decidir

lunes, 29 de diciembre de 2014 · 0 comentarios

La visita de Pablo Iglesias a Barcelona despertó expectación por muchos motivos. Uno de ellos era conocer su posición sobre el derecho de Catalunya a decidir, una reivindicación que según todas las encuestas comparte una mayoría muy amplia de la sociedad catalana, que ha dado lugar a grandes movilizaciones de masas en los últimos años y que recientemente originó una histórica desobediencia civil masiva: el 9N más de dos millones trescientas mil personas acudieron a votar en la consulta prohibida por el gobierno central y el Tribunal Constitucional. A consecuencia de la misma están procesados el presidente de Catalunya Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y el conceller Espadaler.

Desde su gran triunfo en las pasadas elecciones europeas Podemos ha provocado un vendaval de aire fresco en la política española, saludado con entusiasmo por los de abajo, y temido y denigrado por los de arriba. En el tema que nos ocupa este partido se había pronunciado claramente por el derecho de Catalunya a decidir, había defendido que el 9N había que ir a votar a pesar de la prohibición del Constitucional y no había expresado preferencia por ninguna de las alternativas de voto; como ha recordado ahora Pablo Iglesias, en Podemos hay gente favorable al Sí-Sí (sí a un Estado propio y sí a la independencia), al Sí-No y al No.

Pero el 9N no sirvió para resolver el problema. Conquistar el derecho de Catalunya a decidir sigue siendo una reivindicación política actual para millones de personas en Catalunya. Desde luego no es la única, pero sí una de las más importantes. Y se esperaba una respuesta de Podemos a la misma, dado que se postula claramente a gobernar España y que el problema existe precisamente por la negativa del gobierno central a aceptar ningún tipo de referéndum o de consulta al pueblo de Catalunya sobre la relación que quiere mantener con el Estado español.

Concretamente se esperaba que Pablo Iglesias respondiera a dos preguntas: 1) En caso de ganar las próximas elecciones generales, ¿se compromete a organizar un referéndum para conocer la opinión del pueblo de Catalunya sobre la independencia, similar al que se celebró en Escocia?; 2) Sabiendo que no es favorable a esta independencia, ¿qué tipo de relación propone entre Catalunya y el Estado español? Pero ninguna de las dos preguntas encontró respuesta, ni en el multitudinario mitin, ni en la larga entrevista que concedió a TV3.

Las respuestas concretas que se le pedían quedaron diluidas en dos afirmaciones generales: el derecho a decidir sobre todo y la defensa de la soberanía popular. Desde una posición democrática y de defensa de los de abajo no se puede estar en desacuerdo con ellas. Pero para aclarar su posición sobre el derecho de Catalunya a decidir su relación con el Estado español son claramente insuficientes.

Cuando la periodista de TV3 le preguntó si creía que Catalunya era un sujeto político soberano, Iglesias contestó que esto lo debían decidir el conjunto de los catalanes y las catalanas. Desde luego es una respuesta muy distinta de la que hubieran dado Rajoy o Sánchez, que habrían contestado con un No rotundo. Pero no deja de ser muy decepcionante para los centenares de miles de persona de Catalunya que llevan años afirmando "Som una nació" y reclamando el derecho a decidir, es decir, exigiendo que Catalunya sea considerada un sujeto político soberano y tratada de igual a igual por el Estado español. Decepcionante también porque Iglesias afirma claramente que España es un país de naciones, se suponía que para diferenciarse de las ambiguas "nacionalidades" de las que habla la Constitución española y que solo tienen derecho a una autonomía; pero ahora resulta que no está claro si estas naciones son sujetos políticos soberanos.

Pablo Iglesias ha defendido también el derecho a decidir sobre todo, incluida la cuestión territorial. Pero no sólo ha evitado comprometerse en la promesa de un referéndum de autodeterminación, sino que ha apuntado una vía distinta: un proceso constituyente en todo el Estado. Las fórmulas utilizadas han sido varias: "Catalunya debe ser los que los catalanes y las catalanas decidan, pero para que eso sea posible es necesario abrir un proceso constituyente en todo el Estado"; "hay que abrir un proceso constituyente para discutir con todos de todo"; etc. Pero en todos los casos ha hablado de un único proceso constituyente a nivel de todo el Estado, nunca ha aludido a la posibilidad de procesos constituyentes en las diversas naciones que existen en este Estado /1. Lo cual resulta coherente con su voluntad de dejar abierta la cuestión de si Catalunya es un sujeto político soberano. Pero está muy alejado de las demandas del movimiento nacional en Catalunya, donde se reclama mayoritariamente un proceso constituyente específicamente catalán, tanto por parte de los sectores que son claramente favorables a la independencia, como por parte de los que son favorables a una relación federal, confederal o de otro tipo.

Pablo Iglesias reconoce claramente que España es un país de naciones, pero no le hemos oído reconocer que el Estado español oprime a algunas de estas naciones y que no se trata de un problema reciente sino histórico, anterior a la Constitución del 78, y apoyado en una ideología nacionalista española que, por desgracia, desborda ampliamente las fronteras de "la casta". Tampoco le hemos oído referirse a que el pueblo de la nación oprimida tiene intereses particulares y diferenciados, no solo para decidir el grado de autogobierno (o la independencia) sino, por ejemplo, en el terreno de la defensa de su lengua y de su cultura. Sin reconocer estas especificidades se entiende mejor que tampoco las reconozca a "la casta" catalana y que iguale sistemáticamente a Mariano Rajoy y Artur Mas. No sólo en su política económica y social, que sería justo, sino en su actitud frente al derecho a decidir o la defensa de la lengua y cultura catalanas, lo cual no tiene nada de justo, por mucho que la política de Artur Mas nos parezca vacilante, timorata, inconsecuente y oportunista. Pero Artur Mas quiso convocar un referéndum sobre la independencia y Rajoy lo denegó; convocó la primera consulta del 9N y Rajoy la impugnó ante el Tribunal Constitucional; convocó el segundo 9N y Rajoy lo impugnó de nuevo, Artur Mas llamó a acudir igualmente a votar y está procesado por ello. Artur Mas (y el corrupto Pujol) han defendido el catalán como lengua vehicular de la escuela catalana y Rajoy lo ha atacado de todas las formas posibles. Artur Mas ha defendido la evidencia científica de la unidad de la lengua de Catalunya, el País Valencià i les Illes, y Rajoy intenta desmembrarla con encarnizamiento.

En los conflictos anteriores no se puede ser neutral, hay que organizar la movilización más amplia posible en defensa el derecho a decidir, del catalán como lengua vehicular de la escuela o en defensa de la lengua común (respetado sus variantes y denominaciones).Y para hacerlo son imprescindibles alianzas tácticas y puntuales con el partido de Artur Mas o con cualquier otro que defienda estas reivindicaciones.

Pablo Iglesias se ha mostrado contrario a esta orientación. Agresivamente contrario cuando en el mitin de Barcelona ofreció como primer titular a la prensa: "a mí no me verán abrazarme con Rajoy o con Mas", en alusión al abrazo que se dieron David Fernández (CUP) y Artur Mas durante la jornada del 9N. Y durante la entrevista de TV3 se explicó más: "la CUP ha elegido un camino que implica una alianza con CiU", "una estrategia de alianza, aunque sea táctica, con el señor Mas es un error político". Se piense lo que se piense de la oportunidad del abrazo de David Fernández, es de justicia reconocer que la CUP en general y David Fernández en particular han tenido una posición correcta en todo el desarrollo del 9N, combinando la unidad táctica cuando ha sido necesario para la progresión del movimiento, con la crítica y la denuncia a las vacilaciones y a los intentos de Artur Mas de echarse atrás. La posición de Pablo Iglesias suena más radical porque parece destinada a combatir la influencia de Mas en el movimiento.

Pero si Podemos la hubiera aplicado en los meses anteriores al 9N, por ejemplo denunciando el acuerdo de los partidos soberanistas sobre la consulta, sólo habría conseguido quedar fuera del movimiento real y hacer más cómoda la posición de Mas dentro del mismo.

En resumen, nos habría gustado que la visita de Pablo Iglesias a Catalunya hubiera significado el compromiso de convocar un referéndum de autodeterminación en caso de victoria electoral de Podemos, una defensa de la combinación entre un proceso constituyente estatal y procesos constituyentes en las naciones oprimidas y una voluntad de tejer las alianzas necesarias para que el movimiento por el derecho a decidir en Catalunya fuera un ariete para romper los candados de la Constitución de 1978. Lo que hemos oído ha sido muy distinto. Pero Podemos tiene unas raíces populares fuertes, una sensibilidad democrática acusada y no ha cerrado todavía su propio proceso constituyente, particularmente en Catalunya. Por eso no deben excluirse las posibilidades de cambio.

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1/ El día siguiente de publicarse este artículo apareció en El Periódico una entrevista que desmentía esta frase. En ella Pablo Iglesias afirmaba que un proceso constituyente específico de Catalunya era ineludible, pero como aquí hay una Constitución vigente (a diferencia del Reino Unido), primero hace falta un proceso constituyente para romper el candado del 78; y en el vídeo matiza (a partir del minuto 33) que en el proceso constituyente estatal pueden confluir diversos procesos constituyentes Tanto las frases literales, como el conjunto de la entrevista, me llevan a interpretar (y me gustaría equivocarme) que el proceso constituyente catalán se ve como subalterno respecto al español y también posterior (o como máximo simultaneo). Y lo mismo ocurre con la posibilidad de un referéndum sobre la independencia contemplada en la misma entrevista. En cambio en Catalunya, cuando se reivindica la necesidad de un proceso constituyente específico, se entiende como un ejercicio de la soberanía de la nación catalana, no subalterno, ni necesariamente simultáneo o posterior a un proceso constituyente estatal.


¿Tendrá continuidad en Podemos la referencia a procesos constituyentes en las diversas naciones del Estado y se entenderán como soberanos y no subalternos a un proceso constituyente estatal? No me atrevo a hacer pronósticos, pero me reafirmo en la necesidad de no excluir cambios.(28/12/2014)

Declaración del Buró Ejecutivo de la IV Internacional

viernes, 26 de diciembre de 2014 · 0 comentarios

Cuba: la victoria y los riesgos

La recuperación de las relaciones diplomáticas entre EE UU y Cuba, así como la puesta en libertad de los tres cubanos acusados de espionaje y condenados a perpetuidad en EE UU constituyen una victoria para el pueblo cubano. Desde hace más de 50 años la Administración estadounidense, por la que han pasado diez presidentes, no ha dejado de intentar destruir la revolución cubana. Desarrolló todo tipo de iniciativas para destruir Cuba: Intervención militar en Bahía de los Cochinos en 1961, complots para asesinar a los dirigentes cubanos, embargo económico para asfixiar la vida en la isla y presiones de todo tipo para aislar el país. Como ha reconocido Obama, esta estrategia ha fracasado. Cuba se mantuvo firme ante la primera potencia imperialista del mundo. Esto ha acarreado dificultades y sufrimiento, pero Cuba se ha mantenido firma, convirtiéndose en una referencia anti-imperialista para toda la izquierda latinoamericana.

Más aún; cuando en los años 1990 el bloque soviético se hundía a causa de las presiones del imperialismo y de sus contradicciones internas, con una burocracia que en esos momentos optó por desarrollar un papel activo en la restauración capitalista, muchos observadores predijeron la caída del régimen cubano. Es verdad que la isla, que dependía en gran medida de la ayuda soviética, conoció una crisis sin precedentes,  con una economía muy debilitada que los cubanos denominaron "el período especial". Aún con límites, la economía tardó diez años en recuperarse (a través de la asociación del Estado con capitales europeos en el sector turístico y, más tarde, con la ayuda del petróleo venezolano) pero no llegó a superar una serie de problemas estructurales agravados por el embargo norteamericano, que se vió reforzado por la ley Helms-Burton. La burocratización del régimen, la asfixia de las libertades democráticas, sus efectos sobre la movilización popular pesaron sobre la situación en la isla. Hay que señalar también, más allá de las intervenciones actuales de Mariela Castro -la hija de Raúl-, las restricciones en lo que respecta a la auto organización de las mujeres, el movimiento LGBTI y otros grupos oprimidos.

Ahora bien, a pesar de todos esos problemas, el imperialismo americano no nunca llegó a quebrar la revolución: esta resistencia no se puede comprender sin tener en cuenta la dinámica anti-imperialista, y el carácter nacional, popular, socialista de la revolución de 1959. No hay que olvidar que la revolución cubana derrocó a las clases dominantes de la época. Si el régimen ha logrado mantenerse, se debe a que es la expresión de esa formidable dignidad cubana, de la aspiración profunda a la soberanía nacional y popular de ese pueblo, del profundo rechazo a no volver a la situación precedente a la revolución que hizo de Cuba el "prostíbulo" de los EE UU de América. La resistencia cubana no hubiera tenido esa fuerza sin los logros iniciales de la revolución y una serie de conquistas sociales, sobre todo si se le compara a otros países de América Latina, en lo que respecta a la salud y a la educación. Esta dignidad se expresa también en una de aspectos de la política internacional de la dirección cubana: el apoyo a las iniciativas revolucionarios en América latina en los años 1960, el combate del Che Guevara o el apoyo en Angola a quienes se oponían al régimen de apartheid sud-africano. Desgraciadamente, también apoyó la intervención soviética en Checoslovaquia en agosto de 1968. Pero el internacionalista siempre ha constituido un valor fundamental en la educación en Cuba. Actualmente esto se traduce, una vez más, en el envío de médicos a través del mundo: particularmente a Venezuela, pero también, como se puede constatar, a África donde el trabajo humanitario de las y los médicos y voluntarios cubanos es mundialmente reconocido en el combate contra el virus del Ébola. Asimismo, según organizaciones ecologistas que relacional el desarrollo humano y el cálculo en el consumo de energía y recursos Cuba constituye un ejemplo en lo que respecta el desarrollo sostenible.

Esta resistencia ha sido capaz de hacer frente a la confrontación político militar con el imperialismo norteamericano, pero no ha sido suficientemente fuerte para resistir a las presiones del mercado mundial capitalista. Una vez más se confirma, de forma trágica, que no se puede "construir el socialismo en un solo país". Esta presión ha castigado y deformado una economía muy poco diversificada -turismo, monocultivo de azúcar, explotación de níquel- y muy dependiente de las importaciones, sobre todo en lo que respecta a los productos de primera necesidad. Esto ha llevado a impulsar la introducción de mecanismos de mercado a través de la economía "cuentapropista" -el sector de autónomos- y, también, a despidos de personal en el sector público, sobre todo en las empresas azucareras. Todo ello ha reforzado y cristalizado las desigualdades entre una capa dominante del aparato de Estado vinculada al a jerarquía militar que a menudo mantiene relaciones comerciales con grandes empresas multinacionales capitalistas y, también, de quienes tienen acceso al dólar (privilegio de quienes parten al extranjero o trabajan en la industria turística o en la biotecnología) y la gran mayoría del pueblo cubano. Estas desigualdades y el mayor poder de esta capa dominante pueden constituir las bases de una evolución a lo vietnamita o a la china -un capitalismo de Estado combinado con un régimen burocrático autoritario del Partido Comunista- con características propias. Ahora bien, Cuba no es Vietnam y mucho menos China. Es difícil ver cómo un sistema semejante puede asegurar la independencia nacional de Cuba. Situada a 150 Km. de Estados Unidos y bajo la presión del imperialismo norteamericano y de la burguesía cubano-americana de Miami, Cuba sólo podrá resistir mediante la movilización social y la recuperación del proyecto revolucionario. A lo largo de estos últimos años, frente a estas contradicciones, la dirección cubana ha podido utilizar la ayuda de Venezuela, en particular el envío del petróleo a precios bajos, pero hoy en día, las dificultades de Maduro y del régimen post-Chávez no le permiten continuar ayudando a Cuba como lo hizo durante la última década.  De ahí que la situación económica puede agravarse y la importancia de aflojar el control del bloqueo norteamericano.

Hay que decirlo una vez más, la recuperación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba constituyen una buena noticia para el pueblo cubano. Pero, no se trata más que del primer paso. El embargo aún continúa y, por ello, es necesario seguir movilizándose y presionando internacionalmente para que cese.

Ahora bien, aún si la estrategia de Obama sigue adelante, no hay que ser ingenuos. El imperialismo norteamericano no ha renunciado a sus objetivos. Ya que la estrategia de confrontación político-militar ha fracasado, va a ensayar otra estrategia para situar a Cuba bajo su zona de influencia: "bombardear" Cuba de mercancías y capitales norteamericanos. Esta es ya, más allá de la política norteamericana, la opción de sectores importantes del capitalismo americano, sobre todo en el sector agroindustrial, el turismo, las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías y las compañías aéreas. Y la resistencia ante esta nueva estrategia puede resultar más difícil que la desplegada estos últimos años.
Por ello el control estatal de las nuevas relaciones comerciales es indispensable para evitar los efectos corrosivos de los flujos económicos y financieros capitalistas. La situación es ya inquietante con la instalación de una Zona Franca en la región del puerto de Mariel y la nueva Ley sobre inversiones extranjeras (que garantiza 8 años de exención fiscal con el objetivo de atraer a nuevas empresas) en la isla. Este control debe ir acompañado de una intervención popular activa debido, sobre todo en los sectores en los que la burocracia cubana pueden acomodarse y beneficiarse de estos cambios económicos. Ahora mismo, esta es una cuestión clave.

La extensión que va a conocer el mercado capitalista en Cuba conlleva enormes peligros; entre otros, el desarrollo de la precariedad, las ampliación de las desigualdades, la puesta en cuestión de la soberanía nacional y el fin del desarrollo sostenible. Además, como contrapartida del levantamiento del bloqueo, el imperialismo norteamericano tratará de obtener concesiones del régimen cubano (como, por ejemplo, la "libertad" de comercio).


Para luchar contra estos riesgo, no hay otro camino que la movilización y el control popular, el control y la gestión de las empresas por parte de las y los trabajadores y sus representantes.

La tradición de las luchas sociales y de liberación nacional, así como la existencia de partidarios de la autogestión social que buscan reanudar  la relación con esa historia y con la fibra libertaria de la revolución cubana, aún cuando estas corrientes son minoritarias, pueden constituir, un activo para el pueblo cubano. Es preciso dar a conocer sus posiciones y las experiencia de esta corriente que tienen algunos vínculos en el seno del Partido Comunista cubano. Digámoslo de nuevo: para beneficiarse de la victoria actual y, al mismo tiempo, proteger al pueblo cubano de los efectos sociales de la presión capitalistas norteamericano, no hay otra vía que favorecer la movilización popular y la constitución de una auténtica democracia socialista. Para ello es necesario garantizar la libertad de expresión y crear las condiciones de una debate democrático en todas las organizaciones populares de Cuba. Esto pasa por la organización del pluralismo en el Partido Comunista cubano y en los movimientos populares.

Es un desafío extraordinariamente difícil dada la relación de fuerzas actual entre el capitalismo global y el movimiento popular a nivel mundial. Ahora bien, la revolución cubana se ha mantenido firme durante más de cincuenta años contra el imperialismo norte-americano, ¿no encontrará, una vez más, una salida original a esta situación?

martes, 23 de diciembre de 2014 · 0 comentarios



Gorripidea egoera berrian...

Bizkaiako, Gipuzkoako eta Arabako Gorripideako kideok, Azaroaren 29an Arrasaten izandako batzarrean, gure gizartean gertatzen ari diren aldaketei nola egin aurre modu egokienean  eztabaidatu ondoren honako irizpide bateratura iritsi gara.

Behin behineko elkartze gisa sortu ginen, nazio arazoekiko sentsibilitate desberdinekin, alabaina helburu bikoitzarekin: Zutik-en azken urteetan agerpen publikoan jasandako paralisia gainditu; eta elkartze-egitasmoak aztertu, probatu, lan egin.

Urte hauetan gai politikoetan eta sozialetan gure ahalmenen neurrian iritzia ematen saiatu gara, eta halaber gizartekintzaren eremu desberdinetan jardun gara, batez ere kalera eta mobilizaziora begira eta betidanik partaide izan garen borroketan, dela feminismoan, ekologismoan, memoria historikoan, Internazionalismoan, eta abar…

EGI-EGITAN, ez dira ohikeriaz ibiltzeko uneak, aitzitik, apustuak egiteko uneak dira, nonahi atzeman daitezkeen mugimendu telurikotan parte hartzeko garaiak: trantsizioaren erregimenaren krisia, erabakitzeko eskubidea gauzatzeko, ekonomi feminista bultzatzeko, herritar parte hartzea finkatzeko…

Abiapuntu horrekin ados, gurean hiru joera multzo bereizi ditzakegu:

1.- Beren militantzia Gorripidean soilik mantentzen dutenak, mugimendu sozial desberdinetan beren ekarpena eginez.

2.- Podemosen parte hartzen dutenak

3.- Alternatiba-EHBildurekin harremanak estutzen joan direnak (balizko integrazio batera aurreratzeko helburuarekin)

Egitasmo bakoitzak baditu alde batzuk gustagarriagoak eta beste batzuk ez hainbeste edo batere ez. Alabaina, oro har onargarriak edo aintzakotzat hartzen direnak batean zein bestan jarduteko alde daudenen aldetik. Egia da Podemosen edo EHBilduren aldekoez gain badaudela batzuk horrelako urratsik ematea ez dutenak preziso ikusten.

ZER EGIN? Nola kudeatu Podemosen eta EHBilduren esperientziak geure artean sorraraz dezaketen dinamika desberdin horiek? Bada, egoera berriari ahal eta modu egokienean eutsiz talde polítiko-sozial-kulturala bezala egokituz, gauden lekutan elkarrekin lanean jarraitzeko asmo soilarekin, modu baterakoi eta irekian konpatibilidade-ezintasunak sortu gabe PODEMOSen edo EH-BILDUn militatzea erabakitzen dutenekin.

Modu honetan GPa utzi gabe, EHBildu edo Podemosen aldeko apustua egin dutenen nahia asebete daiteke. Erronka izango da, bada, egitasmo horietan parte hartzeko ez daudenak kohabitazio formula honekin asebete gelditzea, nolabait esatearren. Epeak eta metologia:

1.- Gorripidea kolektibo ireki eta plural gisa jarraituko du, militantzia desberdinen topagune bezala, loturak eta gertutasuna mantentzen duena eta komenigarriak eta beharrezkoak balioesten diren ekimenak aurrera eramateko. Kasu honetan Gorripidearen baliabideak erabiliko genituzke orain arte bezala.

2.- Datozen hauteskundeen ondoren, beste Batzar orokorra, gauzak nola joan zaizkigun aztertzeko.



Gorripidea en la nueva situación

Las personas que conformamos Gorripidea, después de reflexionar en los diferentes ámbitos y localidades de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, hemos puesto en común una serie de conclusiones.  En la Asamblea celebrada el 29 de noviembre en Arrasate, acordamos varios puntos importantes cuyo objetivo no es otro que el de adaptarnos a los cambios y transformaciones que vivimos en estos momentos y que nos afectan de manera directa.

Nacimos como un agrupamiento provisional, con sensibilidades diferentes en lo relativo a la cuestión nacional y con un doble propósito: superar la parálisis en la intervención pública sufrida en los últimos años de Zutik, e ir tanteando, explorando y trabajando proyectos de convergencia.

En esta etapa nos hemos esforzado en opinar y en la medida de las posibilidades, intervenir en temas políticos y sociales, desarrollando nuestra actividad militante en diferentes ámbitos, teniendo como referencia la calle y especialmente las luchas que desde hace muchos años nos han definido: feminismo, ecologismo, justicia social, internacionalismo, memoria histórica…

Nuestra decisión viene marcada por el deseo de apostar por nuevos retos, por ser arte y parte de los movimientos telúricos que ya se sienten por todas partes: crisis del régimen de la transición, derecho a decidir, economía feminista, participación ciudadana…

Teniendo en común lo fundamental, a día de hoy, se puede hablar de tres grupos dentro de nuestro colectivo:

1. Quienes mantienen exclusivamente su militancia en Gorripidea, aportando y trabajando además, en diferentes ámbitos sociales.

2. Quienes participan en Podemos a través de sus círculos, con compromisos diferentes.

3. Quienes han ido estrechando lazos con Alternatiba-EHBildu, con el objetivo de avanzar hacia una integración.
  
Cada proyecto tiene aspectos que nos gustan mucho, poco o nada. Pero en tanto que proyectos globales, nos tientan a participar en su seno. Cierto es, que además de los pro-Podemos y pro-EHBildu,  hay partes del colectivo que no ven necesario dar tal paso.

¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar las diferentes dinámicas que las experiencias Podemos y EH-Bildu, puedan generar en nuestro seno?

De momento, y por unanimidad, nuestra decisión es clara: readecuarnos a las nuevas realidades a nivel práctico como  colectivo político-social-cultural, transversal y unitario, compatible con la MILITANCIA de quienes decidan integrarse en PODEMOS o en EH-BILDU. En realidad, se trataría de formalizar las transformaciones que ya hemos asumido en la práctica.

De esta manera se satisface la demanda de quienes optan por integrarse en alguna de las formaciones sin tener que abandonar Gorripidea. El reto consistirá en que quienes no sean partidari@s de dichos proyectos, se sientan también satisfech@s con dicha fórmula de cohabitación.

 Plazos y Metodología:

1.- Gorripidea proseguirá como colectivo abierto y plural, como grupo de encuentro de diferentes militancias, que mantienen vínculos y afinidades, con la intención de organizar todas aquellas actividades que se estimen necesarias y convenientes. En este caso utilizaríamos los recursos existentes que seguirán siendo de Gorripidea, de la misma forma que hasta el presente.


2.- Tras las próximas elecciones, una segunda Asamblea general, donde se haga balance de las diferentes experiencias y de cómo se han adecuado desde Gorripidea.

Miradas atrevidas

martes, 16 de diciembre de 2014 · 0 comentarios

A partir del próximo día 16 las asociaciones ALDARTE y EHGAM presentarán públicamente el libro Miradas atrevidas donde recogen historias de vida y de amor lésbico y gay durante el Franquismo y la Transición en Euskal Herria. El documento, que ha sido elaborado gracias al apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia  y del Gobierno Vasco, rescata el testimonio de personas que habiendo vivido los años de su infancia, su adolescencia y su juventud durante el franquismo, consiguieron vivir su sexualidad disidente, en un contexto social represivo y profundamente homófobo, misógino y sexista.


Así, mediante las entrevistas que sirvieron como base para la elaboración de este documento, las citadas asociaciones han querido rescatar cómo vivieron esa época, cómo identificaban su deseo no heterosexual, cómo se camuflaban, qué estrategias utilizaban para reconocerse y juntarse, cuáles eran los lugares que usaban, los lenguajes utilizados, las formas grupales empleadas y en general, cualquier información que sirva para conocer cómo, hombres que amaban a otros hombres y mujeres que amaban a otras mujeres, tuvieron la osadía de divertirse y “pasárselo bomba” en unos momentos históricos que silenciaba y reprimía con ahínco “las sexualidades no normativas”.

Para esta recopilación de historias de vida se ha contado con el testimonio de un grupo de mujeres y hombres con edades, orígenes y acerbo cultural más o menos similares, y más o menos dispares. En un pueblo tan pequeño como éste no resulta extraño que algunas vivencias se repitan. Las entrevistas fueron realizadas entre septiembre de 2013 y enero de 2014 en Bizkaia y en Gipuzkoa.

Las asociaciones que han elaborado este documento dicen ser conscientes de que en él no están ni todos ni todas las que les hubieran gustado, máxime cuando la recopilación de las historias se ha centrado, en esta ocasión, en quienes, pese al contexto represivo, se animaron a hacer posible su sexualidad prohibida.

Sabemos que todavía, hoy en día, a muchas mujeres y a muchos hombres les resulta muy difícil romper el silencio y el secretismo que durante tantos años les impusieron. Resulta triste reconocer que pese a las victorias alcanzadas, y que son innegables, para muchas personas todavía sus deseos sexuales son un estigma que les impide llevar una vida plena y feliz”, reconocen tanto ALDARTE como EHGAM. Por eso y debido a las limitaciones que supone acercarse a un colectivo invisible, en el documento se recogen los testimonios de quienes de manera tan generosa se han ofrecido a relatar sus experiencias de vida.

La intención de quienes han elaborado este libro es que éste sea una primera aproximación a un tema que, siendo como fue tan grave y tan doloroso para demasiadas personas, destacan que no ha llegado todavía a conocerse con la plenitud y la extensión con que a nuestro entender debería ser abordada por la sociedad.

Es su deseo que esta pequeña recopilación de historias de vida siga abierta a quienes vivieron su sexualidad en el periodo histórico al que se remiten, y a quienes optaron por otras estrategias para sobrevivir.

Sabemos que es un trabajo arduo y complejo y que tiene que seguir completándose con las narraciones de aquellas personas a las que poco a poco sigamos animando y convenciendo para que compartan una época que no puede quedar silenciada ni olvidada”, destacan: “Se lo debemos a ellos y a ellas, a quienes un régimen represivo y controlador les robó su infancia, su adolescencia y juventud obligándoles, por lo general, a vivir su sexualidad en el secretismo, la clandestinidad, en la doble vida o la en la más pura negación”.

Las asociaciones responsables de esta edición han explicado que el libro Miradas atrevidas ha sido editado en formato ibook y podrá ser descargado gratuitamente a partir del próximo día 16 de las páginas de las propias asociaciones:


El libro viene acompañado de un breve documental que sirve de presentación y resumen de su contenido. La presentación pública de este documento se realizará los días 16, 17 y 18 del presente mes en Bilbo, Gasteiz y Donostia, respectivamente.

MEMORIA LGBT:
16 de diciembre, 19:00 horas           Centro Municipal Ibaiondo (Edificio La Bolsa) c/ Pelota, Bilbao

José Luis Madrazo Juanes, Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco.

Xabier Legarreta Gabilondo, Director General de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.

Empar Pineda, cuyo testimonio se recoge en el libro.

Representantes de ALDARTE y EHGAM.

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17 de diciembre, 19:00 horas     Centro cultural ALDABE, c/ Portal de Arriaga 1-A, Vitoria-Gasteiz

José Luis Madrazo Juanes, Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco.

Monika Hernando Porres, Directora de Víctimas y DDHH del Gobierno Vasco.

Empar  Pineda, cuyo testimonio se recoge en el libro.

Representantes de ALDARTE y EHGAM.

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18 de diciembre, 19:00 horas                        Museo San Telmo, Plaza Zuloaga 1, Donostia

José Luis Madrazo Juanes, Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco.

Mikel Martín Conde, cuyo testimonio se recoge en el libro.

Representantes de ALDARTE y EHGAM.



La Ley de seguridad ciudadana: hacerse temer, hacerse odiar

lunes, 15 de diciembre de 2014 · 0 comentarios

Gerardo Pisarello

Parecía inconcebible que se atrevieran a seguir adelante con él. Por su irracionalidad, por su carácter abiertamente antigarantista, por el alud de críticas que había recibido de organizaciones de derechos humanos de todo tipo. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido apretar el acelerador e imponer en el Congreso de los Diputados su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Lo ha hecho para lanzar a la oposición política y social un rugido  de dureza. Para emular a Fraga y anunciar que la calle es suya y que no permitirá que nadie se la dispute. Hace unos años, el gesto podría haber resultado eficaz. Ahora no. Con la corrupción carcomiendo sus estructuras, con el aumento de la precarización social, con el desafío que suponen el proceso soberanista catalán y el imparable auge de Podemos, la decisión del Gobierno aparece como un signo de debilidad que, tarde o temprano, puede acabar volviéndose en su contra.

Ciertamente, este empeño represivo no es nuevo. En los últimos años, cada medida privatizadora, cada despojo de los bienes públicos, comunes, ha venido acompañado de alguna iniciativa dirigida a criminalizar la protesta. Esta estrategia tiene su lógica: avasallar los derechos sociales y laborales básicos exige mantener a raya las libertades civiles, políticas y sindicales que permiten reclamarlos. La propuesta de endurecimiento del Código Penal impulsada por Ruiz Gallardón fue una primera señal en esta dirección. Y la Ley de Seguridad Ciudadana se convirtió muy pronto en su complemento más idóneo.

Ya en su momento, de hecho, el Partido Popular intentó llevar a los juzgados diferentes formas protestas que se estaban gestando a rebufo de la crisis. Desde las manifestaciones frente al Congreso hasta los “escraches” organizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La mayoría de estos intentos fracasaron. Muchos jueces entendieron que podía discutirse si estos hechos estaban amparados o no por la libertad de expresión e ideológica. Pero dejaron claro que era un despropósito tratarlos como delitos penales. Fue en este contexto que se gestó la idea de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Si el ámbito penal resultaba demasiado garantista, si los jueces eran demasiado quisquillosos, lo que se imponía era evitarlos. Y para ello, nada mejor que potenciar la vía administrativa.

El Gobierno, en realidad, ya lo venía haciendo. Desde la aparición del 15-M, infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos acarrearon multas administrativas de hasta 300 euros. Estas sanciones afectaron a todo tipo de colectivos: desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores hasta la PAH, desde los Afectados por las Preferentes hasta empleados públicos, ocupantes de centros sanitarios, activistas ecologistas y vecinales y trabajadores en general.  A diferencia de lo que ocurre con las sanciones penales, las multas administrativas pueden ser interpuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Son menos aparatosas que la represión física directa y suponen una lenta pero eficaz asfixia económica. Además, recurrir judicialmente estas multas puede llegar a costar unos 2.750 euros, algo que  queda fuera del alcance de cualquier manifestante medio.

Con esta idea en mente, el ministro Fernández Díaz anunció en noviembre de 2013 la intención de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992. En términos garantistas y democráticos, el anteproyecto presentado era un conjunto de despropósitos. Convertía en sancionables hechos indeterminados, descritos con una preocupante vaguedad. Preveía multas desorbitadas, de hasta 600.000 euros, para los supuestos de protesta más disímiles. Y otorgaba, además, amplios poderes de intervención a la policía. Lo que era considerado una falta y tenía que resolverse judicialmente con las garantías de un proceso penal, pasaba a convertirse en un ilícito administrativo, caracterizado por una regulación mucho menos garantista que incluía la presunción de veracidad del testimonio de los funcionarios policiales.

La versión original de la reforma recibió críticas demoledoras desde los ámbitos más diversos. Caracterizada como “Ley mordaza” o “Ley de la patada en la boca”, generó la oposición abierta de asociaciones de jueces y movimientos sociales de todo tipo. Diarios como The Guardian o Die Tageszeitung la calificaron como una “amenaza a la democracia” y como un “camino a la dictadura”. Incluso desde los propios sindicatos policiales se la acusó de querer “criminalizar cualquier acto de protesta […] para proteger a la casta política”.

Desde aquel anuncio de noviembre de 2013 hasta hoy ha pasado un año. En ese tiempo, las políticas de despojo del Gobierno han seguido su marcha implacable. Lo que ocurre es que también la crisis de Régimen se ha acelerado de manera notable, tanto por razones económicas como políticas. El estallido de los casos Bárcenas y Gürtel, la operación Púnica, el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y el papel de Rodrigo Rato, mano derecha de José María Aznar, en la estafa de Bankia, están minando de manera creciente las bases de un Partido Popular que podría perder en poco tiempo espacios institucionales clave.

Acosado por este escenario, el Gobierno ha entrado en una fase de desconcierto en la que parece dispuesto a morir matando antes que a rectificar. Sólo así se explica la insistencia en un proyecto de ley que solo se ha podido justificar falseando sin pudor los datos sobre disturbios violentos producidos en los últimos tres años. Según el documento interno utilizado por los miembros del Partido Popular para defender la nueva normativa, desde enero de 2012 a septiembre de 2014 se habrían producido 1.000 conflictos de este tipo. Estos conflictos habrían costado alrededor de 47,5 millones de euros y habrían dejado un saldo de 865 ciudadanos y 618 agentes de la policía y de la guardia civil heridos. Lo que pasa es que ninguno de estos datos coincide con los proporcionados por el propio Ministerio del Interior, que reconoce que las protestas violentas han sido un 0,08% de las más de 90.000 que se han convocado.  

Esta disposición al falseamiento de los datos viene complementada por el empeño en mantener sin rubor la filosofía de fondo del anteproyecto inicial. Ciertamente, las presiones internacionales y las de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General de la Abogacía han obligado al Gobierno a modificar o a eliminar 33 infracciones contenidas en el proyecto original. Pero ninguna de estas enmiendas ha permitido atemperar el espíritu represivo que contenía la versión primigenia. Es más, en una práctica irregular que ha acabado por normalizarse, el Gobierno aprovechó la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana para asestar un golpe artero al derecho de asilo: modificó la Ley de Extranjería y otorgó cobertura legal a las “devoluciones en caliente” de las personas migrantes que pasen a territorio español.

En la propuesta gubernamental, el espacio público deja de ser un espacio de participación política, para convertirse un ámbito regimentado y expurgado de toda connotación conflictiva. El grueso de las objeciones jurídicas, de hecho, que podían plantearse a la primera versión de la propuesta gubernamental mantiene plena validez. Se siguen contemplando, de manera vaga y claramente reñida con el principio de legalidad, numerosos ilícitos que suponen una restricción absolutamente desproporcionada de la libertad de expresión y del derecho de reunión y de manifestación.

Así, es jurídicamente inaceptable que se sancione “la ocupación de cualquier inmueble, vivienda, o de la vía pública […] o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo” (artículo 37.7 del Proyecto), con independencia, por ejemplo, de que se produzca de manera pacífica o con violencia e intimidación. También resulta desproporcionado que se mantengan las sanciones por la celebración de “manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aunque no estuvieran reunidas” (artículo 36.2), un precepto que simplemente tiende a evitar que la ciudadanía pueda reunirse simbólicamente ante estas instituciones para  trasladar un mensaje que no puede expresarse simplemente a través del voto.

Diferentes preceptos del Proyecto, de hecho, insisten en someter el derecho de reunión a una suerte de autorización previa (así, los artículos 35.1 y 37.1). Esta exigencia incumple el artículo 21 de la Constitución española y los principales estándares internacionales en la materia e ignora un principio elemental: que los poderes públicos deben interpretar de manera expansiva, y no restrictiva, el alcance del derecho de manifestación, incluso cuando se trate de concentraciones espontáneas, sobre todo  si estas son pacíficas y no han sido  comunicadas previamente por falta de tiempo o por ausencia de un organizador concreto.

Si la nueva ley se aprobara, en definitiva, impedir un desahucio, no identificarse ante un agente de policía, o difundir imágenes de antidisturbios, incluso golpeando a manifestantes, podría suponer multas de 600 a 30.000 euros. La policía, igualmente, dispondría de un margen de actuación mucho más laxo para realizar registros e identificaciones, valiéndose para ello de criterios discriminatorios, prohibidos por el derecho internacional, como el perfil étnico de las personas. En la línea apuntada anteriormente, la versión de los hechos consignada por la policía en las actas respectivas, gozaría de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, (artículo 19.2). Esta disposición se convertiría en una espada de Damocles sobre la presunción de inocencia, agravada por la ausencia de cualquier mecanismo independiente de supervisión de estas actuaciones.

Como se planteó ya cuando el primer anteproyecto de la ley vio la luz, un dispositivo normativo de este tipo supone una regresión a la Ley de vagos y maleantes aprobada en los años treinta del siglo pasado y ampliadas durante el franquismo. Nada indica que en su paso por el Senado la Ley mordaza vaya a ser depurada de sus aristas represivas. Con todo, tampoco parece que pueda ser aceptada y aplicada con facilidad, mucho menos en un momento en el que la situación de emergencia social es más acuciante que nunca.

Por lo pronto, el conjunto del arco parlamentario, con la significativa excepción de CiU, se ha comprometido a derogar la norma en caso de contar con la mayoría para hacerlo. Esta protesta ha llegado a la Unión Europea, donde los diputados de Podemos y de Izquierda Unida exigieron al Consejo Europeo que se pronunciara sobre una iniciativa que, entre otros extremos, vulnera también los artículos 11 y 12 de la propia Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. 

Que Fernández Díaz, como Fraga, querría que la calle fuera suya, parece evidente. No obstante, el Ministro haría bien en recordar la advertencia lanzada por Montesquieu hace algunos siglos: cuando se busca con tanto afán hacerse temer, es muy probable que se acabe consiguiendo antes hacerse odiar. En la sesión de aprobación del proyecto de este jueves, un grupo de activistas del 15-M recibió la propuesta del Partido Popular con los compases de “La canción del pueblo”, incluida en “Los miserables”, para recordar que este no está dispuesto “a dejarse someter”. Fueron desalojados del recinto, sí. Pero lanzaron un mensaje que no desaparecerá fácilmente y que supone un problema serio para un Gobierno que si recurre de manera tan burda a la vía represiva es porque hace tiempo que ha dejado de convencer.
  

Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Es autor, junto a Jaume Asens, del libro, La Bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta, Catarata, Madrid, 2014.

Las batallas de Kobane, de Alepo y el reaprendizaje de la solidaridad

viernes, 5 de diciembre de 2014 · 0 comentarios

Pierre Rousset. 

FUENTE: Viento Sur

Hace ya mucho que aprendimos a prevenirnos contra las pretensiones “humanitarias” de las intervenciones imperialistas. Denunciar los objetivos más o menos ocultos de nuestro propio imperialismo (en este caso el francés) sigue siendo una exigencia constante, primordial. Las semillas de la crisis que sacude hoy el Medio Oriente fueron sembradas en la guerra de Irak de 2003 y -remontándonos más lejos en el tiempo- en la firma de los acuerdos Sykes-Picot (1917).

Sin embargo, la solidaridad no se resume en denunciar al propio imperialismo: también tiene que responder a las necesidades concretas (políticas, humanitarias y materiales) de los pueblos y de los movimientos cuya lucha apoyamos. A menudo esto no plantea ningún problema particular, como en el caso de la defensa de militantes condenados a penas inicuas por tribunales de excepción, ¡pero hay que hacerlo!/2. Pero en muchos otros casos, para ser eficaz, hay que comprender las condiciones en las que esas luchas se llevan a cabo, lo que a menudo resulta complicado.

El internacionalismo tiene una historia y sus modalidades están profundamente marcadas por la mundialización capitalista, el carácter global de la crisis ecológica actual, las conmociones geopolíticas, la crisis del movimiento obrero y la pérdida de legitimidad de la referencia socialista. Todos los terrenos de la solidaridad están concernidos por estos cambios radicales y ya se ha escrito mucho sobre el tema; no voy a insistir. Querría centrarme aquí a cuestiones específicas que nos plantea el apoyo a las resistencias y a las luchas populares armadas.

Evidentemente, no se trata de plantearse las cuestiones como si fuéramos expertos militares o pretender descubrir el Mediterráneo; se trata de aprender de las experiencias para adquirir un mínimo de “inteligencia política” en este terreno de lucha. En los años 1960-1970, abordamos de ese modo la cuestión de la guerra revolucionaria, de la guerra popular prolongada y de la guerrilla urbana/3, intentando asimilar las lecciones de las luchas armadas de la época y de las orientaciones puestas en marcha por las organizaciones que las dirigían (por nombrar algunos de los autores más conocidos que expresan esas experiencias: Trotsky, Mao, Giap, el Che, los Tupamaros...).

En este texto, no intento presentar un balance de esos “años de fuego”, sino comparar ese pasado y el presente en lo que respecta al papel de la solidaridad, teniendo particularmente en cuenta los cambios radicales del marco geopolítico. Habiendo estado implicado en el movimiento de solidaridad con Vietnam antes de 1968, en la fundación y la animación del Frente Solidaridad Indochina (1969) y, mas tarde, habiendo estado implicado en numerosas organizaciones de solidaridad hacia países como Tailandia o las Filipinas, voy a referirme fundamentalmente a estas experiencias asiáticas.

Los movimientos armados de izquierdas y/o de poblaciones oprimidas no han desaparecido jamás del mapa asiático (India, Filipinas, Sur de Tailandia, Birmania, Nepal, Sri Lanka...), incluso sin en la mayor parte de los casos el dinamismo sociopolítico inicial de las “persistentes” luchas armadas se ha agotado, si algunos de esos movimientos se han desarmado o se han situado en posición propiamente defensiva (autodefensa) y si algunos otros han degenerado. Recordemos que la revolución nepalí (la conquista temporal del gobierno por una organización armada “clásica” a través de la acción de masas y la vía electoral) es reciente, de 2006... Ahorabien, en la mayor parte de las regiones del mundo, las luchas armadas han dejado de existir, con algunas excepciones (Colombia...) o han sido reemplazadas por la militarización y la etnización de los conflictos (lo que no voy a tratar aquí). Por otra parte, el fin de los “años de fuego” fue a menudo traumático (incluso para nosotros, en particular con el aplastamiento militar de nuestra pequeña organización argentina o del PRT).

Digamos que para una gran parte de la izquierda radical internacional, la reflexión sobre las condiciones de una lucha o de una resistencia armadas se ha interrumpido. Y en consecuencia, no hemos estudiado bajo este ángulo las nuevas experiencias, en particular en el mundo árabe tras 2011. Por ello, las discusiones sobre las tareas de solidaridad padecen sus consecuencias.

PINCHA AQUÍ PARA LEER MÁS:  http://www.vientosur.info/spip.php?article9618

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