La independencia solo puede ser unilateral

lunes, 20 de junio de 2016 · 0 comentarios

Eso es obvio. No está excluido que aquel de quien quieres independizarte te conceda la independencia de buen grado. Pero es bastante extraño. Lo habitual y esperable es que se oponga con uñas y dientes y hasta te persiga y encarcele por luchar por tu derecho a gobernarte por tu cuenta. Aquí mi artículo de esta semana en elMón.cat sobre este asunto y titulado RUI vs. DUI.

Ahora bien, si en cuanto al fondo de la cuestión, la unilateralidad, hay acuerdo, puede no haberlo en cuanto a la forma. Así hay quien dice (la CUP) que la independencia debe alcanzarse mediante un Referéndum Unilateral de Independencia (RUI) y quien dice (CDC) que debe hacerse mediante una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). A primera vista, parecerían lo mismo, pero no lo son. El RUI busca "quemar etapas", ir directamente a la confrontación con el Estado, plantear un escenario de conflicto, mientras que la DUI trata de proceder de modo paulatino, gradual, de evitar la confrontación, mantener cuanto más tiempo mejor la legalidad y acabar en un proceso judicial internacional con garantías para ambas partes de que, el final, la solución será aceptable para todos.

Los pros y contras de ambas posiciones se tratan en el citado artículo de elMón.cat, versión castellana es la siguiente: 


RUI vs. DUI

Por fin aparece Cataluña en un debate en la televisión entre las principales fuerzas parlamentarias del Estado y lo hace para escenificar la fuerza y la voluntad del “no” al derecho de los catalanes a la autodeterminación. El nacionalismo español de derechas y el de izquierdas renovaron su voluntad unitaria jacobina con el aplauso del catalanismo hispánico de Rivera, encantado de encontrar tan favorable eco. 

Hasta Podemos clarificó el alcance de sus propuestas catalanas, que tanta confusión han causado en el Principado en donde los votantes de En Comú-Podem no tienen claro exactamente qué estarán votando. Ayer pudieron verlo: estarán votando a favor de un referéndum que se hará en toda España y que tampoco es evidente que se haga porque no será línea roja en las negociaciones para la formación de un gobierno nacional español. Es decir, no estarán votando nada.

Parece llegado el momento de la confusión. Suele pasar en los trayectos prolongados y difíciles. Luego del no de la CUP a los presupuestos de la Generalitat y, sin duda, como remedio para no quedar encajada en el papel de aguafiestas por una sola causa, la organización asamblearia ha decidido ampliar y profundizar los motivos de la discrepancia y darle mayor empaque. Además de seguir gobernando con presupuestos prorrogados y por lo tanto desajustados a los objetivos perentorios que el gobierno quiere alcanzar, es preciso acelerar la hoja de ruta para que no haya desfallecimiento. ¿Cómo? Mostrando la clara e inequívoca voluntad de avanzar hacia la independencia. ¿No se acusa a la CUP de no querer la independencia en el fondo, razón por la cual se rechazaron los presupuestos? Pues ahora ha de quedar patente quién es quién en la vía independentista. Quién quiere la independencia y quién la finge.

¿La fórmula? Que se organice un referéndum unilateral de independencia (RUI) ya. Las autoridades se olvidan de planificar una declaración unilateral de independencia (DUI) y se pronuncian por el RUI. El caballo de batalla se llama ahora RUI. Siempre hay que tener un caballo cuando se quiere ir a la batalla y este cumple la función de clarificar las cosas y poner a cada cual en su sitio. La CUP no es el furgón de cola del tren de la independencia, sino la locomotora.

Sobre todo cumple la función de prolongar la práctica de la extorsión frente al gobierno independentista de la Generalitat, a base de ponerlo en la incertidumbre de tomar una decisión que lo enajene de una parte importante de su apoyo social. La independencia es un objetivo del conjunto de la sociedad catalana. Transversal se dice ahora. No solamente de sus sectores más radicales o combativos que no por serlo tienen necesariamente que ser los más sinceros. También lo es de aquellos otros que tratan de conseguir los cambios políticos y sociales no por la confrontación sino para la reforma y la transición paulatinas.

Un RUI y un RUI inmediato tiene todos los elementos de una ruptura repentina, algo que no se concilia con la fórmula reiteradamente invocada de Puigdemont de ir “de la ley a la ley”. Un RUI implica un salto en el vacío en el que, sin duda, podrá saberse quién está dispuesto a todo para conseguir el objetivo de una vez y quienes prefieren hacerlo paulatinamente. Es como un procedimiento de prueba de limpieza de sangre patriótica. Pero estratégicamente no parece lo más acertado. Al contrario, presenta tal cantidad de riesgos que bien puede entenderse como una maniobra más de extorsión con la finalidad última de que descarrile el proceso. El perfil de la buena conciencia se alza frente a la lentitud de todo procedimiento pragmático. 


Está claro que un RUI lleva a la confrontación directa con el Estado en una situación de ilegalidad que será muy difícil explicar en el exterior, ante la comunidad internacional de la que, en muy buena medida depende el proceso. Por el contrario, una DUI, siendo tan ilegal como el referéndum tiene un ámbito judicial natural en el que puede sustanciarse de inmediato, que es la Corte Internacional de la Haya. En lugar de una confrontación directa en la calle en una escalada de acción/reacción entre el Estado y Cataluña estaremos en un terreno en el que ambas partes, teniendo sus derechos reconocidos, podrán aducir sus argumentos ante un órgano imparcial.

La Ley El Khomri comienza a crujir

sábado, 4 de junio de 2016 · 0 comentarios

León Crémieux *

La inteligencia de decenas de miles de militantes que en la mayoría de las ciudades del país dirigen el movimiento contra la Ley El Khomri ha superado hasta hoy (1 de junio) todos los obstáculos que se le han puesto delante.

El 10 de mayo, el gobierno Valls la hizo aprobar por la fuerza en la Asamblea nacional utilizando el Artículo 49.3 al ser incapaz de lograr una mayoría de escaños a favor de su proyecto de Ley [ahora está debatiéndose en el Senado y luego vuelve a la Asamblea].

Ese mismo día estallaron manifestaciones espontáneas en decenas de ciudades. Sobre todo, en Paris donde Nuit Debout llamó a manifestarse frente la Asamblea Nacional, pero también en Nantes, Rennes, Toulouse… Varias sedes del Partido Socialista (PS) fueron abroncadas por los manifestantes al grito de "Valls dimisión" o "P de podridos, S de salaud (cabrón), abajo el PS", que fueron ampliamente coreadas.

Valls esperaba entonar el fin del movimiento con el rechazo que obtuvo la moción de confianza del día 12 [moción que presentó la derecha y que no fue apoyada por los 56 diputados -del PS y FdG- que no lograron presentar la suya propia a falta de 2 votos]. Para ello se empeño en una utilización profusa de la represión: apaleamiento indiscriminado de la gente, utilización de pelotas de goma y los gases lacrimógenos a discreción… Un nivel de violencia jamás alcanzado desde hace años, ordenando claramente utilizar de forma sistemática gases lacrimógenos y granadas de dispersión. En Rennes, Toulouse y Paris, sobre todo, resultaron heridas decenas de manifestantes, hubo numerosos arrestos y denuncias judiciales. Los días siguientes, para cerrar el ciclo, las cadenas de televisión (convertidas en altavoces de la propaganda gubernamental) se hicieron eco de las declaraciones de Valls sobre la "inadmisible violencia" de los alborotadores y numerosas concentraciones de Nuit Debout fueron dispersadas por la policía.

El objetivo era claro: tratar que los dirigentes de la CGT y de FO se desolidarizaran con las y los jóvenes manifestantes, disuadirlos de no continuar con las manifestaciones, abrir una brecha divisoria en el movimiento, quebrar las concentraciones de Nuit Debout y poner fin a la movilización que comenzó a primeros de marzo.

Por un momento, algunos llegaron a pensar que la maniobra tendría éxito. La Intersindical nacional convocó dos nuevas movilizaciones el 17 y el 19 de mayo, mientras que las federaciones del ferrocarril convocaban huelga esos mismos días contra la integración de las decisiones de la SNCF (cambiar el estatuto base de los trabajadores y trabajadoras del sector) en el nuevo convenio colectivo. En la SNCF, las federaciones de la CFDT y UNSA rechazaron de forma explícita ir a una huelga reconducible [huelga que se prolonga día a día] tras el 19, para evitar que las y los ferroviarios no se convirtieran en el motor de una huelga general contra la Ley del Trabajo. Los militantes de SUD Rail que intentaban dar continuidad al movimiento se encontraron en minoría. Por otra parte, tras las vacaciones de Pascua, tampoco hubo movilizaciones en la escuela secundaria y en la universidad, donde los estudiantes estaban presionados por los exámenes parciales. Con los ferroviarios y los estudiantes a un lado, está claro que el gobierno pensaba poder ganar el pulso.

Pero el relevo vino de la mano de los trabajadores y trabajadoras del transporte por carretera, de los puertos, de las refinerías y de los depósitos de carburante. El 17 y 18 de mayo los bloqueos se multiplicaron en las afueras de las principales ciudades, y sobre todo, en decenas de depósitos de carburante en gran parte del Oeste del país. Las tres federaciones de transporte por carretera, CGT, FO y SUD, lanzaron una llamamiento a una huelga reconducible, conscientes de que la ley El Khomri modifica a la baja el pago de sus horas extras [acarreándoles pérdidas de hasta un 20%].

Ahora bien, si las manifestaciones del 17 fueron más flojas en la mayoría de los sitios, esa jornada de movilización marcó un punto de inflexión con el bloqueo de los puertos, de las refinerías y de los depósitos de carburante. Estos bloqueos fueron el resultados de decenas de reuniones intersindicales a nivel local en las que se agrupaban sindicalistas de CGT, FO y Solidaires y activistas de Nuit Debout. Esta coordinación de militantes determinados a luchar por la retirada de la ley El Khomri es la que, en ese momento, asegura la continuidad del movimientos en numerosas ciudades. La firmeza que muestra el líder nacional de FO, Jean-Claude Mailly y, sobre todo, el de la CGT, Philippe Martinez, no se puede comprender sin este empuje permanente de federaciones enteras en el seno de sus sindicatos, determinadas a ir hasta el final. A partir de ahí, la intransigencia que presenta Manuel Valls apenas deja margen de maniobra.

Para tratar de aflojar esta creciente presión, el Secretario de Estado para el Transporte, garantizó por escrito a las y los transportistas de carretera que la ley El Khomri no pondría en cuestión el monto de sus horas extraordinarias. Se tratada del segundo paso atrás del gobierno tras el compromiso alcanzado con los intermitentes del espectáculo unas semanas antes.

Pero este anuncio llegaba tarde a causa de las dos jornadas de huelga del 17 y 19 de mayo, con bloqueo de los depósitos y el creciente pánico entre las y los automovilistas, sobredimensionado por el hecho de que el 30% de las estaciones de servicio estarían al límite a principios de la semana siguiente… Había fracasado totalmente la apuesta a favor de que la movilización se extinguiría y se abría una brecha mas en la crisis política.

En ese contexto, Valls, con el apoyo de los media, se dedica a cargar contra la CGT, que reemplaza a los alborotadores como objetivo a derribar. Philippe Martinez aparece no sólo como jefe de la contestación sino, también, de la oposición política al gobierno. En todas partes, el estado de ánimo y la combatividad de las y los militantes del movimiento se reafirma y la movilización del 26 de mayo fue muy superior a las anteriores. En cuanto a la dirección de FO, sobre la que el gobierno presionaba para que se disociara de los "extremistas" de la CGT, no solo mantiene el pulso, sino que su federación de transportes anuncia la convocatoria de una huelga reconducible a partir del 30 de mayo.

En paralelo, mientras que el Presidente de la República seguía sin decir ni mu, el gobierno y el PS comenzaban a vacilar. El autoritarismo guerrero de Valls se vuelve contra él, aislándole en su propio campo. El jefe del grupo parlamentario socialista, Bruno Le Roux, y numerosos electos y electas del PS -que nada tienen que ver con los críticos- e incluso Michel Sapin, Ministro de Economía, comienzan a emitir públicamente dudas sobre la intransigencia de la que da muestras Valls y piden la reescritura de la Ley. Son muchos quienes temen un derrota fuerte en las elecciones de 2017 y no quieren "morir por Valls". Solo el líder de la CFDT, Laurent Berger, negociador de la ley El Khomri, subía el tono exigiendo el mantenimiento íntegro de la Ley.

El problema político es doble: Valls ha vinculado su suerte y la del gobierno a la ley El Khomri y a una victoria frente al movimiento huelguístico. Gran admirador de Georges Clemenceau, dirigente radical socialista del principios del siglo XX, sueña con una carrera política parecida. Clemenceau llegó a la Presidencia del Consejo en 1906 tras haber reprimido violentamente, las huelgas obreras impulsadas por la CGT tras la catástrofe en la mina de Courrières (1000 muertos).

Una actitud acompañada con el deslizamiento, desde enero de 2015, hacia un Estado policial, con un amplio arsenal de medidas seguritarias relacionadas con el mantenimiento del estado de excepción y el incremento del poder de la policía, a la que se dota de armas orientadas a herir gravemente a las y los manifestantes. En paralelo, el gobierno alimenta la criminalización de las manifestaciones al tiempo que la impunidad y la glorificación de la policía, legitimando incluso una vieja reivindicación de la extrema derecha: la "legitima defensa preventiva".

Por el momento, el gobierno ha logrado aflojar la presión abriendo el acceso a los depósitos de carburante mediante la intervención policial… pero las plantillas continúan en huelga. Total y la patronal del sector han puesto en pie una noria de camiones y de distribuidores de carburante por oleoductos de los países limítrofes para realimentar el suministro.

La semana que acaba de comenzar es, una vez más, decisiva. Estos últimos días, siguiendo las ordenes presidenciales, Valls ha tenido que cambiar de tono. Oficialmente ha telefoneado a Philippe Martinez para decirle que su puerta estaba abierta.

Varios sectores ya están o van a estar en huelga en los próximos días. Los asalariados y asalariadas de los centros de tratamiento de residuos de Ile de France (Región parisina), cuyas principales empresas están bloqueadas. Las plantillas de las refinerías continúan en huelga. Las acciones de bloqueo de los puertos en el Oeste del país se mantienen. Los controladores aéreos también saldrán a la huelga, al igual que en el metro y los trenes de cercanía en Paris. Los pilotos de Air France, también están a punto de programar una huelga para los días próximos. En fin, las tres principales federaciones del ferrocarril (CGT, SUD, UNAS) comienzan hoy una huelga reconducible. Para la CGT y SUD la huelga tiene que ver con la ley El Khomri, pero está vinculada al futuro del convenio colectivo del sector ferroviario. Ahí también el gobierno, pasando por encima del presidente de la SNCF, intenta jugar a bombero intentando garantizar, contra la opinión de la dirección de la empresa, la conservación de determinadas conquistas importantes para los agentes de la SNCF. La CFDT se apresuró a desmarcarse del llamamiento, pero el resto de federaciones y numerosos ferroviarios y ferroviarias comprendieron bien que ante la introducción de la competencia en el sector, es preciso imponer derechos comunes y no derogaciones cuya protección será temporal. También, en el plazo de 48h, el gobierno ha accedido a determinadas reivindicaciones sectoriales y acaba de desbloquear más de 1500 millones para investigadores y enseñantes.

Detrás de la serenidad que muestra en los medios existe un verdadero pánico y la crisis política se prolongo con un gobierno desacreditado y un respaldo mayoritario a la retirada de la ley.

La franja militante del movimiento sabe bien que el pulso contra Valls y su gobierno es un pulso fuerte y prolongado. La única arma que tiene el movimiento para ganarlo es llegar a la generalización de los bloqueos y la huelga reconducible en varios sectores, sobre todo en el transporte. Tras las fisuras que se han abierto en el campo del adversario, hay que aumentar la presión. Hay un elemento que puede favorecer la relación de fuerza de las y los huelguistas. El inicio del Euro2016 [campeonato de fútbol] que acoge Francia a partir del 10 de junio. Lejos de ser un obstáculo para el movimiento, este acontecimiento puede pesar a la hora imponer un retroceso a un gobierno situado a la defensiva en un contexto mediático internacional.

A diferencia de otras movilizaciones anteriores (2003, 2010), en esta existe una conciencia real de lo que está en juego con la ley El Khomri que trata de alinear Francia a otras legislaciones idénticas [muy desfavorables] existentes en otros países de Europa. También existe una red militante construida desde hace tres meses entre sindicalistas, la juventud, los militantes políticas que constituyen el cemento de las acciones y de las manifestaciones. Es lo que hasta ahora ha hecho posible la firmeza de las posiciones de los dirigentes confederales de la CGT y de FO.

Si en las manifestaciones, al lado de la exigencia de la retirada de la ley, está omnipresente la exigencia de la dimisión de Valls, la cuestión que se plantea es cuál es la alternativa. Evidentemente, todo el mundo comprende que en la Asamblea actual no hay una mayoría alternativa capaz de desarrollar una política antiausteridad.

Así pues, la cuestión que se plantea es la de la disolución de la Asamblea, haciendo saltar por los aires el calendario previsto para 2017 [elecciones presidenciales y legislativas] y la preeminencia de la elección presidencial. Pero todo el mundo es consciente, también, que la cuestión no es sólo de una nueva Asamblea, moldeada por el marco constitucional actual. Su naturaleza, su elección, las reglas de funcionamiento de las instituciones…, constituyen en sí mismas un obstáculo por muchas razones (tipo de escrutinio, presidente de la república…) En un momento en el que en las plazas y en la calle se discute la cuestión de la democracia real, del control y de la decisión popular en torno a todas las opciones que afectan a la sociedad, la forma de decidirlo no puede dejarse en manos de un sistema totalmente antidemocrático.

La Constitución actual fue impuesta por De Gaulle tras su golpe de Estado de extrema derecha en 1958: sin constituyente, sin debate popular, ventilada en dos meses por sus "expertos", con un plebiscito formal… De eso hace ya 60 años. Y en sus reglas de funcionamiento es la más antidemocrática de la cinco. Toda la sociedad debe tener el derecho y los medios para debatir democráticamente sus reglas de funcionamiento. Así pues, la cuestión que se plantea es la de una nueva Constituyente, elegida democráticamente, además de enviar al museo dela historia el edificio reaccionario de la V República.

* Militante del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) de Francia

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